Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro no solo cimbran a Venezuela. También vuelven a colocar a México —y particularmente a Quintana Roo— bajo el reflector internacional por su papel en las rutas aéreas del narcotráfico.
Documentos judiciales presentados el 23 de diciembre ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York señalan que Maduro, cuando fue canciller entre 2006 y 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez, habría coordinado presuntos narcovuelos con escala en territorio mexicano, utilizando vuelos oficiales y pasaportes diplomáticos para mover dinero y droga entre México y Venezuela, evadiendo controles gracias a la inmunidad diplomática.
La acusación no es menor. Estados Unidos sostiene que esos vuelos eran parte de una logística sistemática para trasladar ganancias del narcotráfico y que incluso se vendieron pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes plenamente identificados, con conocimiento directo del entonces ministro de Relaciones Exteriores.
Este señalamiento cobra una dimensión particular en el Caribe mexicano. En los últimos años, Quintana Roo ha sido escenario del aseguramiento de avionetas y jets ejecutivos presuntamente ligados a operaciones ilícitas, especialmente en Cozumel, donde aeronaves privadas han sido incautadas por irregularidades en su procedencia, planes de vuelo y cargas no declaradas.
Aunque las autoridades mexicanas han manejado estos casos como hechos aislados, las acusaciones de Washington reavivan una pregunta incómoda: ¿formaron parte estas aeronaves de una red aérea más amplia que utilizó al sureste mexicano como escala estratégica? La geografía de Quintana Roo, con su cercanía al Caribe, pistas privadas, aeropuertos internacionales y alta circulación de vuelos ejecutivos, lo convierte en un punto ideal para operaciones discretas.
El expediente estadounidense va más allá. Vincula a Maduro y a integrantes de su círculo cercano con delitos de narcotráfico, terrorismo, conspiración y uso de armas de guerra, investigaciones abiertas desde 2020. Washington incluso asegura que estas acusaciones se relacionan con una reciente operación militar cuyo objetivo habría sido capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para llevarlos ante la justicia estadounidense.
Mientras el oficialismo venezolano niega los señalamientos y sostiene que Maduro sigue en funciones, la crisis política y diplomática ha dejado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como figura interina, según versiones oficiales.
Para México, el tema no es ajeno ni lejano. Las acusaciones colocan nuevamente al país como corredor clave del narcotráfico internacional y obligan a revisar con lupa lo ocurrido en entidades como Quintana Roo, donde las avionetas y jets asegurados —particularmente en Cozumel— ya no pueden verse como simples anomalías administrativas.
La investigación en Nueva York apenas comienza, pero sus implicaciones son claras: si el poder político en Venezuela utilizó vuelos diplomáticos para el narcotráfico con escala en México, entonces las aeronaves incautadas en el Caribe mexicano podrían ser piezas de un rompecabezas mucho más grande. Uno que aún nadie ha querido armar por completo.
