La violencia criminal en Jalisco volvió a golpear al sector empresarial con un mensaje brutal. Adrián Corona, empresario tequilero y presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida en el municipio de Atenguillo, luego de haber sido secuestrado a finales de diciembre.
La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el cuerpo presentaba signos de violencia y una herida producida por arma de fuego, lo que descarta cualquier hipótesis accidental y apunta a una ejecución directa.
De acuerdo con información oficial, la Vicefiscalía Regional mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el homicidio. Sin embargo, el contexto resulta imposible de ignorar: en Jalisco se ha intensificado una ola de asesinatos contra empresarios de alto perfil, muchos de ellos previamente privados de la libertad.
Fuentes cercanas a las investigaciones señalan que estos crímenes comparten un patrón alarmante: secuestros ligados al cobro de derecho de piso y a la presión directa del crimen organizado sobre sectores productivos estratégicos. En este escenario, los empresarios se han convertido en rehenes de estructuras criminales que operan con creciente impunidad.
El asesinato de Adrián Corona no es un hecho aislado, sino otro eslabón en una cadena de violencia que exhibe la fragilidad del Estado frente al poder del narcotráfico. La industria tequilera, emblema económico de Jalisco y del país, tampoco ha quedado al margen de esta ofensiva criminal.
Mientras las autoridades aseguran que las investigaciones continúan, el mensaje es inquietante: en Jalisco, ni el capital, ni el prestigio, ni la relevancia empresarial garantizan protección. El crimen organizado no solo cobra cuotas; cobra vidas. Y lo hace en medio de una crisis de seguridad que sigue acumulando víctimas sin responsables visibles.
