Washington.— La posibilidad de que Estados Unidos procese judicialmente al exlíder cubano Raúl Castro amenaza con provocar una nueva escalada política entre Washington y La Habana, en un movimiento que exhibe el endurecimiento de la política estadounidense contra el régimen cubano.
De acuerdo con reportes difundidos en medios internacionales, autoridades estadounidenses preparan una posible acusación formal relacionada con el derribo de las avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” ocurrido en 1996, hecho que dejó cuatro personas muertas y que durante décadas se convirtió en uno de los episodios más tensos entre Cuba y Estados Unidos.
La eventual imputación tendría que ser avalada por un gran jurado federal, pero el solo hecho de que el Departamento de Justicia estadounidense analice judicializar al histórico dirigente comunista representa un golpe político de enorme magnitud para el aparato de poder cubano.
El movimiento ocurre en un contexto de creciente presión de Washington sobre Cuba, marcada por sanciones económicas, restricciones energéticas y una estrategia cada vez más agresiva hacia gobiernos considerados adversarios en América Latina.
Analistas consideran que el caso también refleja un cambio en la postura estadounidense, que ahora parece dispuesto a llevar a tribunales a figuras históricas de regímenes considerados autoritarios, utilizando mecanismos judiciales como herramienta de presión geopolítica.
La situación adquiere además una dimensión simbólica, debido a que Raúl Castro, de 94 años, es uno de los últimos sobrevivientes de la vieja guardia revolucionaria cubana y una figura central en la continuidad del régimen instaurado por su hermano, Fidel Castro.
El posible proceso judicial también ocurre mientras crecen tensiones diplomáticas entre ambos países y se multiplican señales de reacomodo político en la isla, golpeada por una severa crisis económica, energética y social.
Aunque hasta el momento no existe una acusación formal definitiva, el mensaje político parece claro: Washington busca aumentar la presión sobre el régimen cubano y dejar abierta la posibilidad de perseguir judicialmente a figuras históricas del castrismo, algo que durante décadas parecía impensable.
