Ciudad de México / Morelia.— La audiencia de vinculación a proceso de Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado”, entra en horas decisivas. El exasesor del Congreso de la Unión es señalado por la Fiscalía como responsable del homicidio del alcalde michoacano Carlos Manzo Rodríguez. Ante el juez, negó cualquier nexo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y afirmó haber sido torturado tras su captura.
Detenido el 18 de noviembre en Morelia, Gómez Sánchez sostiene que su arresto se ejecutó con violencia y sin exhibición de orden judicial. “No pertenezco a ningún grupo criminal; mi trayectoria es en la construcción y en la administración pública”, declaró. La defensa acusa violaciones al debido proceso y pidió la nulidad de actuaciones por presunta incomunicación, golpes y coacciones.
El expediente lo perfila como pieza con doble anclaje: un pie en contratos de obra pública y otro en presuntas estructuras financieras que habrían dado soporte a redes criminales en el occidente del país. La Fiscalía habla de testimonios y trazas económicas que lo ubican en la logística previa al asesinato de Manzo. El equipo legal del acusado sostiene que se trata de una “construcción política” y reclama que, hasta ahora, no se han mostrado pruebas directas que lo liguen al CJNG.
La resolución del juez —vinculación a proceso, libertad o ampliación del plazo por violaciones procesales— marcará un punto de inflexión. Si se confirma la vinculación, se abriría una ruta de investigación sobre posibles vasos comunicantes entre operadores políticos, contratistas y crimen organizado. Si se cae la imputación, quedará exhibida la fragilidad probatoria del Ministerio Público y el caso podría reorientarse hacia las denuncias de tortura.
Mientras tanto, el entorno político y empresarial de Michoacán observa con tensión. La muerte de Carlos Manzo sacudió el tablero local; la figura de “El Licenciado”, con credenciales en el Congreso y en obra pública, añade un ingrediente de alto voltaje institucional. Lo que decida el juez en las próximas horas no solo definirá el futuro inmediato de Gómez Sánchez: también pondrá a prueba la capacidad del sistema para investigar homicidios políticos sin contaminar el proceso con abusos o atajos.
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