Ciudad de México.— Un sector mayoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló una propuesta que permitiría reabrir juicios concluidos, incluso aquellos con sentencia firme, bajo el argumento de revisar posibles “fraudes procesales”. La decisión ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico, al considerarse un retroceso que vulnera el principio de cosa juzgada y abre la puerta a la manipulación política del sistema judicial.
De acuerdo con la discusión interna, los ministros que respaldaron la medida justificaron que, en casos excepcionales, los tribunales podrían revisar sentencias pasadas si existen indicios graves de irregularidades o corrupción. Sin embargo, juristas y académicos advierten que la falta de límites claros convertiría este recurso en un instrumento de persecución o revancha política.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa fue una de las pocas voces disidentes. Argumentó que la cosa juzgada es “pilar de la seguridad jurídica” y que permitir su ruptura debilita la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. “Un fallo firme no puede ser objeto de revisión sin violentar los derechos fundamentales de las partes”, sostuvo durante la sesión.
El debate no solo tiene implicaciones técnicas. Dentro y fuera de la Corte se percibe que esta reinterpretación jurídica podría ser usada para revisar casos políticamente sensibles, reabrir procesos cerrados y someter a presión a jueces o exfuncionarios.
Diversos analistas advierten que, en el contexto actual, esta medida representa una peligrosa erosión del equilibrio institucional. En lugar de fortalecer la justicia, coloca a los tribunales en un terreno incierto, donde los fallos dejan de ser definitivos y los procesos pueden reactivarse según conveniencias del poder.
El precedente, de concretarse, transformaría de manera profunda la estabilidad del sistema judicial mexicano, debilitando la independencia judicial y sentando las bases para un uso político de la justicia.
