+ Asesores, casas de espionaje, guardias de seguridad, aumentan siempre los gastos de la transición entre grupos antagónicos
+ El PAN nacional se frota las manos con las ganancias por apoyar a CJ a resolver el acertijo legal de cambios constitucionales
+ Distintivo `Blue Flag´, un esfuerzo del gobierno de Paúl Carrillo que rinde enormes frutos turísticos
La desconfianza es uno de los principales motores de la economía. No se trata de una teoría economicista moderna, sino de una realidad histórica. Los productos y servicios aumentan su precio de mercado en la medida que se suman intermediarios entre su producción y su consumo. Y esos filtros se añaden precisamente por la falta de certidumbre o de confianza entre las personas que participan de una operación.
Desde un aguacate hasta una joya, se adquieren a un valor de mercado que incluye en su precio el transporte seguro, dispositivos de seguridad, guardias, cámaras de vigilancia, muchas veces armas, hasta infraestructura apropiada como rejas, vitrinas con alarma, por decir lo menos. Cuando pagamos el precio, éste ya contiene toda esa inversión y la acusación velada de que cualquier consumidor es un ladrón `en potencia´.
¿Ahora, cómo aplica esto al entorno político de la transición del gobierno del estado y qué elementos la están encareciendo? Más aún, ¿quién pagará el costo político y económico que se va a generar?
Dos grupos políticos del estado protagonizan una férrea batalla por el control total del Poder político. No hay acercamientos oficiales ni públicos hasta donde se sabe, aunque hay contactos y mensajes a través de interpósitos actores. Por que la desconfianza es mutua, honda e inevitable. Es un choque ineludible a todas luces.
Y por lo tanto, se ha `encarecido´ el ambiente.
Dice el viejo pero también muy cierto refrán, que: `a río revuelto, ganancia de pescadores´.
El grupo que está por dejar el poder, impulsó una serie de reformas a la Constitución que enredan y acotan el margen de maniobra que esperaría el grupo que está por asumir la gubernatura en septiembre venidero. Eso ocurre porque no existe ese ingrediente básico que haría el traspaso de forma más amable: La confianza.
Sólo en esa operación, la denominada `el blindaje´, los diputados que aceptaron el grave reto de modificar la Constitución, asumirán un costo político muy grande. Sectores `críticos´ de la sociedad ya manifestaron su repudio y han amagado con cobrárselos a la primera oportunidad. En lo personal, en sus aspiraciones políticas y al partido que representan, en este caso el PRI.
Ese costo podrían haberlo asumido a cambio de un beneficio, de cualquier índole, que sólo ellos saben. Si fue gratuito y por convicción, también se sabrá.
Por lo pronto, el resguardo, traslado y hospedaje de los legisladores en un hotel de lujo, para sesionar sin riesgos para su integridad física, ya tuvo un costo económico que, acertó amable lector, ha de pagar o ya pagó la ciudadanía.
En otros episodios de la vida política del estado, por ejemplo cuando gobernaron Cancún Juan Ignacio García Zalvidea o Gregorio Sánchez Martínez, ambos contaron con sesudos aparatos de asesores, incluidos complejos sistemas de espionaje, grabación de llamadas telefónicas, seguimiento de políticos. Tenían una enorme desconfianza de los gobernadores Joaquín Hendricks y Félix González, y ellos de éste.
Esa confrontación costó dinero, además de negociaciones políticas. De ese escarceo surgió, incluso, un presidente municipal interino originario de Tabasco, que representa muy bien al pescador de río revuelto.
Los asesores también cuestan y bastante caros en estos casos.
El gobernador electo, Carlos Joaquín González, dijo claramente, luego de ser salir vencedor de la jornada del cinco de junio pasado, que no se afiliaría a ninguno de los dos partidos políticos que lo postularon. PAN y PRD se relamían los bigotes para que se les contara oficialmente como autores intelectuales y materiales de la derrota del PRI en Quintana Roo. Para su currículo, para recibir más prerrogativas del gobierno federal, y/o para impulsar mediáticamente la candidatura que decidan para ir por la Presidencia de la República en el 2016.
Así transcurrían las cosas, cuando el gobernador saliente, Roberto Borge, encontró con sus asesores una `ruta´ legal para irse más tranquilo al dejar la gubernatura.
Ahora, Carlos Joaquín tuvo que tomar la decisión, sin más opciones, de acudir al PAN, y lo hizo como un acierto para trasladar parte de la responsabilidad de lo que ocurra en adelante, pues tiene su palabra empeñada en dar resultados, luego del proceso de auditorías y revisiones que ha de emprender su gobierno.
El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo en conferencia de prensa conjunta que ya pusieron el caso en manos del equipo jurídico de ese partido, para hallar la manera de revertir las reformas constitucionales.
Anaya Cortés sale en esas fotos con una sonrisa de oreja a oreja, y en videos se le ve caminar orondo, frente alta y pecho echado para adelante. ¿Le cobrará el PAN este favor al gobernador electo? Delo por sentado.
Pedirán puestos en el gabinete, lo presionarán para que se afilie y, eventualmente, lo emplazarán a definirse por el PAN cuando necesiten su apoyo para impulsar a quien resulte postulante a la candidatura presidencial panista.
Hay que recordar quiénes son los `constitucionalistas´ más distinguidos en el PAN: Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont, entre los más reconocidos. Son de lo más caro en el segmento.
Esta desconfianza entre ambos grupos, el que está por salir y el que va a entrar, por tanto, está `encareciendo´ en entorno político de Quintana Roo.
Algunos dicen que el entorno está `enrarecido´. Pero eso no es novedad.
BLUE FLAG, UN ESFUERZO QUE GENERA CONFIANZA PARA CANCÚN
Los turistas de las nuevas generaciones consultan recurrentemente sus redes sociales y realizan, cada vez más, sus transacciones y decisiones a partir de la información que comparten en sus redes sociales. Es una tendencia irreversible, que no sólo deben tomar en cuenta los particulares, sino también los gobiernos, porque de esa manera contribuyen a alcanzar sus metas en políticas públicas.
El gobierno de Paúl Carrillo de Cáceres, se planteó desde sus inicios la meta de conservar y aumentar el número de premios que otorga la organización internacional `Pronatura´, dueña de la certificación `Blue Flag´, con la que acredita el esfuerzo por dar cumplimiento a un total de 33 criterios de sanidad y seguridad en cuatro categorías.
Estas son: Información y Educación Ambiental, Calidad de Agua, Gestión y Manejo Ambiental y Seguridad y Servicios.
El objetivo es que cualquier visitante tenga la plena seguridad, con posibilidad de comprobarlo, de obtener una experiencia gratificante, cómoda y libre de cualquier riesgo físico, de salud y, adicionalmente, que sepa también que con su asistencia contribuye al medio ambiente como parte integral del entorno.
Son criterios que impone `Blue Flag´, un organismo multidisciplinario y mundial, que reúne aun Jurado Internacional que revisa y da seguimiento a todos esos requisitos.
El gobierno municipal está cerrando la administración con un total de siete galardones, colocándose así como la ciudad turística con más reconocimientos de esta magnitud en el país.
El Jurado tiene entre sus miembros a representantes de Secretarías de Estado, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas internacionales de gran reconocimiento.
A continuación la lista de miembros de este organismo que otorga y da seguimiento al cumplimiento de observaciones para obtener este galardón:
Lic. Enrique Octavio de la Madrid Cordero
Secretario de Turismo (Presidente del Jurado)
Sophie Bachet Granados
Director Internacional Blue Flag
Rafael Pacchiano Alamán
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Lourdes Díaz
Miembro de la junta directiva de la FEE
Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz
Secretario de Marina
Helen Springall
Miembro de Expertos en Educación Ambiental
Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud
Dr. Dirk Glaesser
Miembro de la organización Mundial de Turismo (UNWTO)
Dr. Guillermo Javier Haro Bélchez
Procurador Federal de Protección al Ambiente Erik Bech
Miembro de la Federación Internacional de Salvavidas (ILS)
Mtro. Gerardo Ruiz Esparza
Secretario de Comunicaciones y Transportes Peter Kristensen
Miembro de la Agencia Ambiental Europea (EEA)
Ing. Enrique Solana Sentíes
Presidente de la CONCANACO-SERVITUR
Deirdre Shurland
Miembro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)
Lic. Roberto Ramírez de la Parra
Director General de la Comisión Nacional del Agua
Jean-Michel Gaigné
Miembro del Concilio de Asociaciones de la Industria Marina (ICOMIA)
Mtro. Gustavo Alanís Ortega
Presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
David R. Green
Miembro de la Unión de Costas y Marinas (EUCC)
Federico Fleischmann Loredo
Presidente de Libre Acceso
Christophe Lefebvre
Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
