Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley de Amparo impulsadas por la mayoría de Morena y sus aliados, desatando una fuerte polémica entre juristas, organizaciones civiles y figuras del ámbito judicial. La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, advirtió que el nuevo concepto de “interés legítimo” incluido en la reforma constituye una grave restricción al acceso a la justicia.
Sánchez Cordero, expresidenta del Senado y reconocida constitucionalista, criticó que con esta modificación se limita la posibilidad de que los ciudadanos puedan impugnar actos o normas que los afecten de manera indirecta. “El concepto de interés legítimo no puede ser reducido a un privilegio. Su restricción implica cerrar las puertas de los tribunales a quienes sufren los efectos de una norma inconstitucional, aunque no sean sus destinatarios directos”, sentenció.
La reforma fue aprobada con 258 votos a favor, 213 en contra y dos abstenciones. Entre sus puntos más polémicos destaca que solo podrán promover el amparo aquellas personas que acrediten un daño directo o personal, lo que elimina de facto la figura de los amparos colectivos y reduce la participación de organizaciones ciudadanas en la defensa de causas sociales, ambientales o de derechos humanos.
Para la exministra, esta modificación significa un retroceso histórico en la evolución del amparo como instrumento de defensa frente al abuso del poder. “El amparo ha sido un bastión de la justicia mexicana. Limitarlo es debilitar la voz de los ciudadanos y poner en riesgo el equilibrio constitucional”, expresó.
Por su parte, legisladores de oposición acusaron que Morena busca con esta reforma “blindar” las decisiones del gobierno federal ante posibles impugnaciones judiciales, particularmente en temas de energía, seguridad pública y medio ambiente.
La discusión ahora pasará al Senado de la República, donde Sánchez Cordero, por su peso político y conocimiento técnico, podría convertirse en una figura clave para frenar o modificar la iniciativa antes de su promulgación.
