La encargada de negocios de la embajada de México en Lima, Karla Tatiana Ornelas Loera, fue obligada a abandonar territorio peruano tras una orden directa del gobierno de Perú que le dio un plazo urgente para salir del país. La medida marca uno de los episodios más tensos en la relación bilateral reciente y representa, en la práctica, una expulsión diplomática.
El conflicto se originó luego de que México otorgara asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana acusada de rebelión y conspiración tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022. La decisión fue considerada por el gobierno peruano como una intromisión directa en sus asuntos internos, lo que derivó en la ruptura formal de relaciones diplomáticas.
La funcionaria mexicana realizó su salida bajo estricta vigilancia migratoria y sin declaraciones públicas, en medio de un ambiente de tensión política y mediática. Su partida se dio pocas horas después de que el presidente peruano José Jerí ordenara su retiro inmediato, calificando la permanencia de la diplomática como “inaceptable”.
La escena fue clara: a Karla Ornelas prácticamente la corrieron de Perú. No hubo negociación ni margen diplomático, sino una instrucción directa del Ejecutivo peruano, ejecutada con celeridad. La expulsión rompe los protocolos habituales y exhibe el deterioro profundo en la relación entre ambos países.
México, por su parte, defendió su derecho soberano a otorgar asilo y reiteró que actuó conforme al derecho internacional. Sin embargo, la salida forzada de su representante deja vacía la sede diplomática mexicana en Lima y abre un nuevo capítulo de incertidumbre en el vínculo bilateral.
El episodio no solo exhibe una fractura diplomática, sino también un mensaje político de fuerza por parte del gobierno peruano, decidido a marcar distancia frente a la postura mexicana. Con esta acción, la tensión entre ambas naciones alcanza uno de sus puntos más delicados en las últimas décadas.
