Ciudad de México, 5 de enero.— El descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca y que dejó 14 personas fallecidas y decenas de lesionados, dejó de ser un simple “accidente” para convertirse en un caso penal que amenaza con escalar hasta las entrañas del poder político y económico construido durante el sexenio anterior.
Tres de las víctimas lesionadas, integrantes de una familia de misioneros originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra de constructoras, contratistas y servidores públicos por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones.
Las empresas señaladas no son menores ni ajenas al poder: Comsa Infraestructuras S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V. y DANIFERROTOOLS S.A. de C.V., compañías que han participado en obras estratégicas del Gobierno federal y que, de acuerdo con versiones documentadas y reportes periodísticos previos, forman parte del entramado empresarial favorecido durante el obradorismo, un ecosistema donde han aparecido reiteradamente los nombres de los hijos del expresidente López Obrador como gestores, enlaces o beneficiarios indirectos de contratos públicos.
La denuncia fue entregada directamente en oficinas centrales de la FGR y va dirigida a la fiscal Ernestina Godoy. En ella se exige investigar no solo a las empresas ejecutoras, sino también a los funcionarios que autorizaron, supervisaron y avalaron obras que hoy están bajo sospecha.
El abogado de las víctimas, Adrián Arellano, sostuvo que el caso está sólidamente sustentado en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales desde 2019 y hasta 2025 advirtieron irregularidades graves en obras ferroviarias: mala supervisión, deficiente construcción, rehabilitaciones incompletas y, en algunos casos, trabajos sin evidencia fotográfica que acreditara su ejecución real.
“No estamos hablando de errores menores. Hubo omisiones reiteradas y documentadas. Se pagaron trabajos que no pueden comprobarse y se permitió la operación de una infraestructura que no estaba en condiciones seguras”, advirtió el litigante.
Juan Manuel Iglesias López, padre de familia y una de las víctimas, fue tajante: decidieron denunciar porque no quieren que el caso se cierre con indemnizaciones ni discursos políticos. “Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se castigue a los responsables, caiga quien caiga”, afirmó.
Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no apaciguaron el reclamo. Aunque reconoció el derecho de las víctimas a denunciar, sugirió que no era necesario hacerlo, ya que la FGR abrió una carpeta de investigación de oficio y el Gobierno federal se comprometió a una reparación integral del daño, además de que el tren contaba con un seguro.
Sin embargo, para las víctimas y sus abogados, ese discurso no responde a la pregunta central: quién permitió que una obra emblemática del obradorismo se construyera y operara bajo estándares cuestionables, y por qué empresas vinculadas al círculo cercano del poder —donde el apellido López Obrador ha sido recurrente en la asignación de contratos— siguen operando sin rendir cuentas.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico no solo sacó de las vías a un convoy; descarriló el relato de eficiencia, honestidad y transformación que se vendió durante años. Hoy, los rieles conducen a una investigación que, si se toma en serio, podría tocar intereses incómodos, incluidos los de los hijos del expresidente. La FGR tiene la palabra.
