La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por uno de los crímenes más graves y negados de su historia reciente: la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, atacada por elementos del Ejército en 2007. El fallo desmantela años de versiones oficiales, omisiones e intentos de minimizar lo ocurrido.
La Corte concluyó que la agresión fue un acto deliberado de tortura y violencia sexual, y que la falta de atención médica adecuada contribuyó a su muerte. También estableció que las autoridades mexicanas fallaron en garantizar una investigación seria e imparcial, incumplieron con la debida diligencia y negaron justicia a los familiares de la víctima.
La sentencia exhibe que el Estado no solo permitió la comisión del crimen, sino que además **encubrió** la responsabilidad militar mediante declaraciones contradictorias, investigaciones defectuosas y la negación sistemática de la violencia sexual, pese a la evidencia forense.
Entre las violaciones señaladas se encuentran:
– La falta de acceso real a la justicia para la familia.
– Una investigación tardía, deficiente y cargada de discriminación.
– La negativa oficial a reconocer la violencia sexual sufrida por Ernestina.
– La ausencia total de sanciones para los militares involucrados.
México deberá reabrir la investigación penal, identificar y castigar a los responsables, ofrecer una disculpa pública, reparar integralmente a la familia y adoptar medidas estructurales para evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse, incluyendo atención médica y jurídica con pertinencia cultural y lingüística.
El caso de Ernestina expone un problema profundo: la participación del Ejército en tareas civiles sin controles reales, práctica que por años ha derivado en abusos amparados por la impunidad institucional.
Organizaciones de derechos humanos celebraron la resolución como un avance histórico. Sin embargo, la sentencia deja al descubierto una verdad incuestionable: el Estado mexicano falló, violentó y mintió.
Con esta decisión internacional, México ya no puede evadir su responsabilidad. Ahora deberá demostrar, con hechos y no con discursos, que está dispuesto a romper el ciclo de impunidad que silenció por años el nombre de Ernestina Ascencio Rosario.
