Morelia, Michoacán. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, llevó el choque político al terreno penal: presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán contra el senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel y el exalcalde Ignacio Benjamín Campos Equihua, a quienes señala en relación con el homicidio del exedil Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
La denuncia no es un mensaje para la tribuna: es una jugada calculada para obligar a que la investigación no se encierre únicamente en los autores materiales y para que se considere una línea que, por su peso político, incomoda a cualquiera: la hipótesis de un móvil y responsabilidades en el plano político, con nombres y apellidos.
Videos, señalamientos y presión directa a la Fiscalía
De acuerdo con la información difundida, Quiroz acudió a la Fiscalía y sostuvo una reunión con el fiscal Carlos Torres Piña. Ahí entregó material videográfico en el que, presuntamente, el propio Carlos Manzo habría señalado públicamente a Morón, Godoy y Campos. La intención es evidente: que esas declaraciones no se queden como “ruido” mediático, sino que se integren como insumo para diligencias y comparecencias.
El movimiento también tiene calle. Mientras se formalizaba la denuncia, simpatizantes y ciudadanos se concentraron en las inmediaciones de la Fiscalía con mantas y exigencias de justicia. La escena mezcla duelo, enojo social y un ingrediente que nadie disimula: presión pública para que la autoridad no archive, no minimice y no “administre” el caso.
Un golpe que no solo es judicial, es interno
En términos políticos, la denuncia abre una grieta seria dentro del propio ecosistema de Morena en Michoacán:
Primero, porque coloca a un senador y a un diputado federal dentro del radar de una investigación estatal por un crimen de alto impacto.
Segundo, porque arrastra el debate al terreno más explosivo: no solo quién disparó, sino quién ordenó, quién empujó o quién se benefició.
Tercero, porque el señalamiento viene desde una presidencia municipal y apunta a figuras con estructura, padrinazgos y capacidad de respuesta. Es decir: no es una pelea menor, es una guerra por control, narrativa y supervivencia política.
El reto que deja sobre la mesa
La denuncia también funciona como un reto público: si los señalados se dicen ajenos, la alcaldesa está empujando el mensaje de que “den la cara” y se presenten a declarar. Es una fórmula vieja pero efectiva: o comparecen y enfrentan el costo mediático, o se niegan y cargan con la sospecha en la plaza pública.
Qué sigue: el expediente o el escándalo
Una denuncia no prueba por sí misma la responsabilidad penal de nadie. Pero sí obliga a un movimiento institucional: abrir diligencias, citar, requerir, analizar y decidir. Y en un caso así, cada día sin avances alimenta dos riesgos: el de la impunidad y el de la percepción de encubrimiento o simulación.
En paralelo, el entorno político de la alcaldesa también se calienta: se reportan frentes de ataque y señalamientos administrativos en su contra, además de respaldos de actores políticos externos. Traducción: el tablero ya no es solo “justicia”, también es poder.
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