Ciudad de México.— La controversia por el presunto acercamiento de Julieta Ramírez Padilla con autoridades estadounidenses dejó de ser solamente una discusión sobre la veracidad de un reportaje. El caso escaló cuando el senador morenista Luis Fernando Salazar lanzó una advertencia directa contra el periodista Enrique Acevedo: “Vamos a ir tras de ti”.
La expresión surgió después de que N+ difundiera una investigación según la cual la senadora con licencia por Baja California habría buscado un acuerdo de cooperación con fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el contexto de una supuesta investigación por asociación delictuosa.
Ramírez negó los señalamientos, calificó el reportaje como una “farsa” y lo atribuyó a una “guerra sucia”. También exigió la presentación de un documento firmado que demostrara su consentimiento para colaborar con las autoridades estadounidenses.
Hasta el momento, los elementos difundidos públicamente no permiten comprobar de manera concluyente que la legisladora haya firmado o aceptado ese supuesto acuerdo. Esa falta de confirmación obliga al medio a exhibir el sustento completo de su investigación, pero de ninguna manera justifica amenazar al periodista responsable de presentarla.
“Vamos a ir tras de ti”
Luis Fernando Salazar intervino para defender a su compañera de partido con un mensaje que rebasó los límites de la crítica política:
“Enrique Acevedo, vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”, escribió el legislador.
Después de las reacciones provocadas por sus palabras, Salazar intentó modificar el sentido de su mensaje. Afirmó que se refería a posibles acciones legales y que actuaba en defensa de la dignidad de Julieta Ramírez.
La explicación posterior no elimina la gravedad de la frase original. Un senador conoce —o tiene la obligación de conocer— el peso político e institucional de sus palabras. Advertir que se irá “tras” un periodista no es una expresión inocente en un país donde informar sobre el poder puede tener consecuencias mortales.
Si Salazar consideraba falsa la investigación, tenía mecanismos legales a su alcance: solicitar derecho de réplica, exigir una rectificación o presentar la denuncia correspondiente. Eligió primero la intimidación y solamente después trató de presentarla como una defensa jurídica.
Acevedo denuncia hostigamiento
Enrique Acevedo aseguró que, después del mensaje del senador, distintas personas comenzaron a buscar información privada sobre él y su familia. El periodista sostuvo que la advertencia no podía reducirse a una expresión desafortunada y acusó al legislador de haber cruzado una línea inadmisible.
Este señalamiento agrava el episodio. Ya no se trata únicamente de un enfrentamiento verbal en redes sociales, sino de una amenaza política seguida, según la denuncia del comunicador, por acciones de hostigamiento.
Salazar es responsable de sus palabras y de la reacción que razonablemente podía provocar entre sus seguidores. Utilizar el poder y la exposición de un cargo legislativo para señalar directamente a un periodista es incompatible con el deber de proteger la libertad de expresión.
Julieta Ramírez debe responder con claridad
Julieta Ramírez tiene derecho a defenderse y conserva plenamente la presunción de inocencia. No existe, hasta ahora, una determinación judicial que acredite las conductas mencionadas en el reportaje.
Sin embargo, su calidad de senadora y sus aspiraciones políticas en Baja California exigen una explicación más sólida que llamar “guerra sucia” a una investigación. La descalificación partidista no sustituye la rendición de cuentas.
Si nunca existió acercamiento alguno con fiscales estadounidenses, debe decirlo de manera inequívoca. Si sus abogados sostuvieron comunicaciones con autoridades de Estados Unidos, corresponde explicar su naturaleza y precisar si fueron realizadas con su conocimiento.
N+ también tiene una responsabilidad ineludible: presentar pruebas suficientes para respaldar una acusación de tal magnitud. El periodismo de investigación exige rigor, especialmente cuando puede afectar la reputación y trayectoria de una persona.
Pero la discusión sobre las pruebas debe darse con documentos y argumentos, no mediante advertencias contra periodistas.
El silencio de Julieta ante la amenaza
Julieta Ramírez también debe deslindarse claramente del mensaje de Luis Fernando Salazar. No basta con permitir que un compañero de partido la defienda mediante insultos y después guardar silencio frente a una expresión que fue interpretada como amenaza.
Una legisladora que ha formado parte de órganos parlamentarios relacionados con derechos humanos y medios de comunicación debería ser la primera en rechazar cualquier intento de intimidación contra la prensa, incluso cuando la información publicada la afecte directamente.
Guardar silencio ante la amenaza de un aliado político proyecta una defensa corporativa: mientras Ramírez desacredita el reportaje, Salazar intenta desacreditar y amedrentar al periodista.
Morena convierte el escrutinio en confrontación
El episodio refleja una práctica preocupante dentro del poder político: cuando una investigación resulta incómoda, la respuesta inmediata es atacar al mensajero antes que transparentar los hechos.
Morena no puede presentarse como defensor de las libertades mientras uno de sus senadores advierte públicamente que irá contra un periodista. Tampoco puede exigir confianza ciudadana si cada cuestionamiento dirigido a sus figuras es descalificado automáticamente como parte de una conspiración.
El caso plantea tres exigencias concretas: que el medio presente el sustento íntegro de su investigación; que Julieta Ramírez explique con claridad cualquier eventual contacto con autoridades estadounidenses, y que Luis Fernando Salazar retire su mensaje y ofrezca una disculpa pública.
La libertad de prensa no significa que los periodistas estén exentos de responder por errores. Significa que cualquier inconformidad debe resolverse mediante pruebas, rectificaciones y procedimientos legales, nunca desde la intimidación ejercida por un representante del Estado.
Julieta Ramírez debe responder por los cuestionamientos que pesan sobre su actuación. Luis Fernando Salazar, por su parte, debe asumir el costo político de una frase incompatible con su investidura.
En un país marcado por las agresiones contra comunicadores, “vamos a ir tras de ti” no es una expresión menor. Es una advertencia que ningún senador debería pronunciar y que ninguna fuerza política democrática debería tolerar.
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