La presión política y judicial de Estados Unidos sobre funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico entró en una nueva fase luego de que el director de la DEA, Terrance Cole, advirtiera públicamente que las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios “son sólo el comienzo”.
Las declaraciones fueron realizadas durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, donde el jefe de la Administración para el Control de Drogas dejó entrever que Washington prepara nuevas acciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con estructuras del crimen organizado.
Terrance Cole afirmó que durante años ha existido una presunta colusión entre narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos, pero sostuvo que ahora el gobierno estadounidense decidió actuar con mayor contundencia bajo la administración de Donald Trump.
El mensaje encendió nuevamente las alarmas diplomáticas entre México y Estados Unidos, particularmente porque ocurre después de que fiscales estadounidenses presentaran acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. Entre los señalados también figuran perfiles políticos relevantes rumbo a la sucesión estatal de 2027.
La ofensiva estadounidense coincide además con una creciente narrativa impulsada desde Washington que busca colocar a los cárteles mexicanos como amenazas de carácter terrorista y no solamente criminal, endureciendo el tono político y judicial contra México.
Mientras tanto, el caso Rocha Moya ya provocó fuertes repercusiones políticas en México. La oposición ha intensificado las exigencias para que se investiguen los presuntos vínculos entre estructuras de poder y el narcotráfico, mientras Morena acusa a Estados Unidos de utilizar las acusaciones como instrumento de presión política e intervención extranjera.
En paralelo, la Fiscalía General de la República reactivó investigaciones relacionadas con presunta influencia del narcotráfico en procesos electorales de Sinaloa, abriendo un nuevo frente de tensión institucional en uno de los estados más golpeados por la violencia criminal.
El endurecimiento del discurso de la DEA también deja ver un cambio profundo en la relación bilateral. Durante décadas, Washington mantuvo cooperación discreta con autoridades mexicanas en materia antidrogas; ahora, altos funcionarios estadounidenses hablan abiertamente de perseguir políticamente a servidores públicos mexicanos presuntamente vinculados con los cárteles.
La advertencia de que “esto es sólo el comienzo” no sólo golpea a Sinaloa. También envía un mensaje directo a las estructuras políticas regionales de México en medio de una etapa marcada por extradiciones, investigaciones internacionales y crecientes presiones de seguridad provenientes de Estados Unidos.
