Chetumal, Quintana Roo.— La XVIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas que colocan a los derechos humanos en el centro de la agenda pública, con cambios que van desde el reconocimiento del derecho a la ciudad hasta el endurecimiento de sanciones penales contra quienes agredan a personas defensoras.
Durante la sesión ordinaria número 16, el Pleno avaló una adición a la Constitución local para reconocer el derecho fundamental a la ciudad y a sus servicios públicos, estableciendo que toda persona tiene acceso y disfrute de los espacios urbanos y de los servicios que ofrecen las ciudades de Quintana Roo. La reforma busca sentar bases jurídicas para exigir condiciones más equitativas en infraestructura, movilidad y acceso a servicios básicos.
En el ámbito penal, los legisladores aprobaron una modificación al Código Penal estatal para agravar las penas en casos de homicidio o lesiones cometidos contra personas defensoras de derechos humanos cuando el delito esté vinculado a su labor. Con esta medida, estos delitos serán considerados calificados, lo que implica una mayor punibilidad y un mensaje político claro frente a la violencia que enfrenta este sector.
Paralelamente, el Congreso turnó a comisiones diversas iniciativas que anticipan un debate relevante en materia social y de justicia. Entre ellas, destaca la propuesta para garantizar transporte público gratuito a niñas, niños y adolescentes hacia sus centros educativos, impulsada por los diputados María José Osorio Rosas y Hugo Alday Nieto, lo que abre la puerta a una política de movilidad con enfoque social.
También fue enviada a análisis una iniciativa para reformar el Código Penal y establecer la imprescriptibilidad de los delitos de violencia de género, planteada por la diputada Diana Gutiérrez García, una medida que, de avanzar, rompería con los límites temporales para perseguir este tipo de delitos.
Finalmente, el Congreso dio entrada a una iniciativa ciudadana que propone modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, presentada por Ángel Mauricio Mora Castillo, lo que refleja una creciente participación social en la construcción del marco jurídico estatal.
Las reformas aprobadas y las iniciativas en curso evidencian un viraje legislativo hacia una agenda de derechos más robusta, aunque su impacto real dependerá de la implementación efectiva y de la capacidad institucional para traducir estas disposiciones en políticas públicas concretas.
