Benito Juárez, Q. Roo. – El caso de Francisca Mariner, víctima de desaparición en 2020, dio un giro determinante este día al confirmarse la sentencia de 50 años de prisión contra Ángel Conrado Salas Blanco, su expareja sentimental y principal responsable de los hechos. La resolución fue ratificada por el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, de la Novena Sala del Sistema Penal Oral, en Cancún.
📌 El contexto del caso
Francisca desapareció el 22 de junio de 2020 del domicilio en el que vivía con la familia del hoy sentenciado. Al día siguiente, el propio Ángel Conrado acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia, presentándose como denunciante y no como responsable.
La activación de la Alerta Amber y el Protocolo Alba no impidió que las investigaciones, con pruebas de campo y gabinete, revelaran su responsabilidad directa. Los fiscales comprobaron que la denuncia inicial fue una maniobra para desviar la atención y ocultar su participación en los hechos.
En octubre de 2024, el Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión, más una multa de 695 mil pesos y la obligación de reparar de manera integral el daño a la familia de la víctima.
La defensa apeló la decisión, pero el recurso fue rechazado y la sentencia confirmada en definitiva por el magistrado Lima.
⚠️ El peso de la polémica
El pronunciamiento de Lima no pasó desapercibido. Diversos sectores sociales habían manifestado su preocupación de que el magistrado resolviera en sentido contrario, debido a que en resoluciones previas dejó en libertad a un feminicida, lo que generó indignación y desconfianza hacia su criterio judicial.
El antecedente sembró la sospecha de que este caso pudiera correr la misma suerte. Sin embargo, la ratificación de la sentencia fue interpretada como un acto de congruencia que, aunque justo en términos de la aplicación de la ley, llega tras decisiones previas que minaron la credibilidad del impartidor de justicia.
👩⚖️ Justicia con reservas y un recurso pendiente
El fallo a favor de la sentencia inicial es un alivio para familiares y colectivos feministas que han seguido el caso de Francisca Mariner, quienes consideran que el reconocimiento pleno de la responsabilidad de Conrado Salas es un paso hacia la justicia.
No obstante, cabe precisar qué *al sentenciado aún le queda la posibilidad de interponer un recurso de amparo* ante instancias federales, lo que mantiene abierta la expectativa y la incertidumbre en torno al desenlace judicial definitivo.
El contraste con los antecedentes de resoluciones que favorecieron a agresores de mujeres coloca nuevamente al Poder Judicial bajo el escrutinio público. Para las víctimas, el reto sigue siendo la consistencia judicial y el fin de la discrecionalidad que tanto daño ha causado en los procesos vinculados a la violencia de género.
La voz de las Madres Buscadoras
Tras conocerse la resolución, el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C. difundió un mensaje contundente:
“Hoy se ganó una batalla: el Poder Judicial de Quintana Roo CONFIRMÓ la sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Ángel N. por el delito de Desaparición Cometida por Particulares en agravio de Francisca Mariner.
¡Francisca vive y la lucha sigue! 💜🔥
Mañana será la audiencia por su feminicidio, y no dejaremos de exigir justicia plena.
Reconocemos que en esta ocasión el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal no se vendió, pero seguiremos vigilantes y en pie de lucha 🔥 junto a nuestras compañeras las Madres Buscadoras de Q,Roo A.C. porque la verdadera justicia se construye con memoria, dignidad y lucha colectiva.”
Epílogo
El nombre de Carlos Lima vuelve a estar en el debate: esta vez por ratificar una sentencia ejemplar, aunque bajo la sombra de la duda que dejaron decisiones previas. Y aunque la justicia parece alcanzarse con 50 años de prisión para el responsable, la existencia del recurso de amparo aún deja la puerta entreabierta para que el caso no esté del todo cerrado.
En Quintana Roo, el caso de Francisca Mariner recuerda que cada resolución judicial no solo dicta justicia en un expediente, sino que también mide la confianza de una sociedad herida por la impunidad.
