Las revelaciones sobre presuntas operaciones encubiertas de la CIA contra líderes del narcotráfico en México escalaron a un nuevo nivel tras difundirse que la agencia estadounidense habría estado detrás del asesinato selectivo de Francisco Beltrán, alias “El Payín”, operador ligado al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con versiones atribuidas a fuentes de la Fiscalía del Estado de México, la explosión ocurrida el pasado 30 de marzo a unos kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no habría sido un accidente ni un simple ajuste de cuentas, sino una operación letal facilitada por agentes de la CIA.
La versión apunta a que el ataque contra “El Payín” se habría ejecutado mediante un explosivo colocado en su vehículo, lo que abre una pregunta brutal para el gobierno mexicano: ¿quién está autorizando operaciones extranjeras de muerte en territorio nacional?
El caso pega directamente al discurso de soberanía de la presidenta, porque mientras desde Palacio Nacional se habla de cooperación sin subordinación, los hechos revelados exhiben una realidad mucho más incómoda: agencias estadounidenses estarían operando contra líderes del narco dentro de México, incluso con acciones letales.
El golpe político es profundo. No se trata solo de inteligencia compartida ni de intercambio de información entre gobiernos. Si estas versiones se confirman, estaríamos frente a ejecuciones selectivas promovidas desde una agencia extranjera, en suelo mexicano y contra objetivos criminales definidos desde la lógica de seguridad de Washington.
El mensaje también es claro para los cárteles: Estados Unidos ya no estaría limitándose a perseguirlos judicialmente, congelar cuentas o presionar con extradiciones; ahora estaría pasando a una fase de eliminación directa de mandos criminales.
Pero el costo institucional para México es enorme. Cada operación de este tipo erosiona la autoridad del Estado mexicano, exhibe vacíos de control territorial y deja bajo sospecha el verdadero margen de decisión del gobierno federal en materia de seguridad nacional.
La narrativa oficial queda atrapada entre dos fuegos: por un lado, presumir defensa de la soberanía; por el otro, enfrentar reportes que apuntan a una guerra secreta donde la CIA estaría matando líderes del narco en México.
Y ahí está el fondo del escándalo: el objetivo puede ser criminal, pero el método golpea al Estado mexicano. Porque cuando una potencia extranjera decide quién vive y quién muere dentro del país, la soberanía deja de ser discurso y se convierte en pregunta incómoda.
