Baja California Sur, 30 de octubre de 2026.— El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío respondió entre lágrimas a los cuestionamientos por el sueldo de su hija, Marcela Castro López, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La controversia coloca bajo escrutinio la congruencia entre el discurso de austeridad y las remuneraciones de familiares de figuras del poder.
Los registros públicos referidos en la información periodística señalan que la funcionaria percibe una remuneración bruta mensual de 156 mil 855 pesos, superior a los 106 mil 799 pesos brutos del mandatario estatal.
Castro Cosío negó haber intervenido en la contratación de su hija y argumentó que ingresó al Seguro Social antes de que él asumiera la gubernatura, en septiembre de 2021. Sin embargo, esa explicación deja un elemento relevante por aclarar, pues su incorporación ocurrió en febrero de 2019, cuando su padre ya era delegado federal de Programas para el Desarrollo en la entidad.
Marcela Castro, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo, encabeza actualmente la Coordinación de Modernización y Competitividad del instituto.
Durante su respuesta ante la prensa, el gobernador calificó de calumnias los señalamientos y recriminó al periodista que lo cuestionó. Después, la voz se le quebró al defender a sus hijas y expresar su orgullo como padre.
La reacción emocional no resuelve el asunto de fondo. Cuando se trata de cargos y recursos públicos, corresponde explicar los procedimientos de contratación, los criterios de ascenso y el sustento de las remuneraciones.
El parentesco y un salario elevado no acreditan, por sí solos, nepotismo. Tampoco basta señalar que una contratación ocurrió antes de llegar a la gubernatura para despejar cualquier duda sobre una posible influencia política.
La respuesta institucional requiere documentos que permitan conocer cómo se tomó cada decisión. Ese es el terreno donde debe esclarecerse la controversia y donde cobra sentido la promesa de austeridad.
El orgullo de un padre es comprensible. La obligación de un gobernante es responder al escrutinio público con información verificable.
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