La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a convertirse en escenario de confrontación interna luego de un fuerte choque jurídico entre las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, quienes protagonizaron un intenso debate sobre los alcances de la “cosa juzgada” durante la discusión de un asunto relacionado con un litigio fiscal impulsado por el SAT.
La tensión surgió cuando la ministra Yasmín Esquivel cuestionó que Lenia Batres intentara nuevamente atraer un caso que previamente ya había sido rechazado por la anterior integración de la Corte, advirtiendo que insistir sobre un asunto previamente desechado vulnera principios básicos de seguridad jurídica y estabilidad procesal.
El conflicto gira alrededor de una revisión fiscal promovida por el Servicio de Administración Tributaria, relacionada con un crédito fiscal cuya nulidad fue declarada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tras considerar ilegal una notificación realizada por la autoridad hacendaria.
Durante la sesión pública, Esquivel sostuvo que las decisiones emitidas por órganos jurisdiccionales pueden generar efectos definitivos aun cuando no exista una sentencia de fondo, invocando criterios jurisprudenciales sobre cosa juzgada y firmeza procesal. La ministra advirtió que permitir reabrir constantemente asuntos previamente desestimados podría convertir a la Corte en un espacio de incertidumbre jurídica.
Lenia Batres rechazó tajantemente esa interpretación y defendió que la facultad de atracción no resuelve el fondo del asunto, por lo que, según su postura, no puede considerarse una resolución firme ni definitiva. La ministra sostuvo que el Pleno conserva facultades para volver a discutir solicitudes de atracción sin que ello implique violar el principio de cosa juzgada.
El debate escaló hasta involucrar al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien respaldó parcialmente la postura de Batres al señalar que admitir una solicitud de atracción no implica resolver el fondo del litigio ni generar una afectación inmediata a las partes.
Finalmente, por mayoría de siete votos, la Suprema Corte rechazó el recurso promovido por la empresa involucrada, dejando abierta la posibilidad de que en futuras sesiones el máximo tribunal determine si atraerá o no el asunto impulsado por el SAT.
Más allá del caso fiscal, el enfrentamiento evidenció las profundas diferencias ideológicas y jurídicas que actualmente dividen a la nueva integración de la Corte, donde cada sesión comienza a parecer más un campo de disputa política y doctrinal que un órgano de cohesión constitucional.
En medio de la reforma judicial, la elección popular de ministros y el creciente desgaste institucional del Poder Judicial, el debate entre Esquivel y Batres dejó una señal clara: la lucha por el control interpretativo de la Constitución ya se libra abiertamente dentro del máximo tribunal del país.
