El cerco financiero y judicial contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, volvió a cerrarse luego de que autoridades federales ejecutaran el embargo de cuatro propiedades vinculadas al exmandatario priista, hoy preso y convertido en uno de los símbolos más escandalosos de corrupción política y presunto saqueo institucional en el Caribe mexicano.
Las acciones fueron impulsadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reclama un adeudo fiscal cercano a los 3.9 millones de pesos derivado de impuestos federales presuntamente no pagados por el exgobernador. Entre los bienes asegurados aparecen inmuebles en Cozumel y Playa del Carmen, zonas de alta plusvalía que durante años estuvieron bajo sospecha por posibles operaciones de triangulación patrimonial y uso de prestanombres.
Los embargos alcanzan predios ubicados en avenidas estratégicas de Cozumel, además de propiedades previamente intervenidas en Playa del Carmen. Autoridades fiscales ya inscribieron los aseguramientos en el Registro Público de la Propiedad, abriendo la puerta a un eventual remate de los inmuebles si el adeudo no es cubierto.
Aunque oficialmente el procedimiento corresponde a una acción administrativa del SAT, el trasfondo revive los años más oscuros del borgismo, un sexenio marcado por denuncias de despojos, operaciones inmobiliarias irregulares, presunto lavado de dinero y redes de corrupción que durante años convirtieron al estado en un paraíso para el saqueo político.
Investigaciones periodísticas y expedientes judiciales han documentado cómo durante el gobierno de Borge operó una estructura que habría permitido apropiarse de terrenos, propiedades y bienes mediante mecanismos presuntamente ilegales, utilizando instituciones públicas, notarías y juicios manipulados. El caso de “Los Piratas de Borge” se convirtió en uno de los expedientes más explosivos sobre corrupción inmobiliaria en México.
El exgobernador permanece recluido en un penal federal de Morelos desde su extradición de Panamá en 2018, mientras continúan abiertos distintos procesos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y daño patrimonial al estado de Quintana Roo.
En Quintana Roo, el nombre de Roberto Borge sigue siendo sinónimo de una época donde el poder político, el dinero público y las redes de intereses oscuros caminaron de la mano, dejando una deuda histórica que todavía pesa sobre las finanzas y la credibilidad institucional del estado.
