La narrativa oficial que intenta limpiar la elección que llevó a Rubén Rocha Moya al poder en Sinaloa comenzó a resquebrajarse luego de que el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, confirmara públicamente que durante los comicios de 2021 sí hubo violencia armada, robo de urnas y denuncias formales ante la Fiscalía General de la República.
Las declaraciones golpean directamente el discurso impulsado desde Palacio Nacional, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que no existían pruebas suficientes para cuestionar el triunfo electoral de Rubén Rocha Moya.
Córdova fue contundente: hombres armados irrumpieron en casillas, dispararon, destruyeron material electoral y robaron urnas durante la jornada electoral en Sinaloa. Además, sostuvo que el INE presentó las denuncias correspondientes porque guardar silencio habría significado convertirse en cómplice de delitos electorales.
El señalamiento revive uno de los episodios más oscuros de la elección de 2021 y vuelve a poner bajo sospecha el ascenso político de Rocha Moya, hoy cercado por investigaciones y acusaciones que lo vinculan con estructuras del narcotráfico.
El caso adquiere una dimensión todavía más explosiva porque autoridades estadounidenses sostienen que operadores de “Los Chapitos” habrían intervenido en favor de Rocha Moya mediante intimidación de opositores y manipulación territorial de la elección.
Además, Lorenzo Córdova exhibió otro dato políticamente incómodo: recordó que la validación de aquella elección se resolvió en apenas unos minutos y que la magistrada ponente era hermana del hoy senador morenista Enrique Inzunza, uno de los personajes más cercanos al grupo político de Rocha Moya.
La revelación profundiza la crisis política en Sinaloa y alimenta la percepción de que el crimen organizado no sólo penetró territorios y corporaciones de seguridad, sino también procesos electorales completos.
Mientras Morena intenta cerrar filas rumbo a 2027 y endurecer filtros internos ante el desgaste provocado por los escándalos de narcopolítica, el caso Rocha Moya amenaza con convertirse en el símbolo más grave de presunta infiltración criminal en una elección estatal reciente.
