Ciudad de México, 15 de abril de 2026.— El senador Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el centro de una nueva polémica política tras rechazar categóricamente los señalamientos sobre un presunto “sueldazo” de 155 mil pesos mensuales que habría percibido su hijo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La controversia estalló luego de que se hicieran públicos datos que apuntan a que los ingresos del familiar del legislador habrían superado el millón de pesos en un periodo de dos años, lo que detonó críticas inmediatas en redes sociales y en círculos políticos.
Lejos de matizar, Noroña respondió con confrontación directa. Calificó las acusaciones como una “campaña canalla” y sostuvo que se trata de un ataque mediático dirigido a golpearlo políticamente, utilizando a su hijo como blanco indirecto.
Sin embargo, el intento de cerrar filas no ha logrado contener el desgaste. El debate ya no se centra únicamente en la cifra salarial, sino en lo que representa: la persistente percepción de privilegios dentro del aparato público y la cercanía de familiares de figuras políticas con cargos bien remunerados en instituciones del Estado.
En un contexto donde el discurso oficial insiste en la austeridad y el combate a la corrupción, este tipo de casos reavivan una pregunta incómoda: ¿se trata de una ofensiva política sin sustento o de otro episodio que alimenta la desconfianza ciudadana hacia el ejercicio del poder?
El caso Noroña vuelve a poner sobre la mesa un tema que ningún gobierno ha logrado erradicar del todo: el nepotismo como práctica tolerada en los márgenes del sistema. Y aunque el senador insiste en que se trata de un ataque sin fundamentos, la percepción pública ya está instalada.
Aquí no hay punto medio. O se desmonta con transparencia absoluta o se confirma, una vez más, que en la política mexicana los vínculos familiares siguen siendo una puerta de acceso al poder… y al dinero.
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