Uruapan, Michoacán.— El asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, ha destapado una red de poder criminal que involucra órdenes directas desde la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y conexiones políticas que ahora colocan el caso en una dimensión mucho más profunda de lo que se conocía.
La orden mortal: del “R1” al “Licenciado”
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, uno de los principales mandos del CJNG en la región, ordenó directamente la ejecución del alcalde.
La instrucción fue transmitida a Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, ya detenido, quien coordinó rutas, vigilancias y posiciones para asegurar que el ataque se ejecutara “sin margen de error”.
Las conversaciones recuperadas de los dispositivos incautados muestran una cadena de mando precisa, mensajes de presión y una estructura criminal operando como una maquinaria perfectamente articulada.
Un crimen calculado para enviar un mensaje
La escena del asesinato —ante decenas de familias, en un evento emblemático y cultural— no fue casual. De acuerdo con autoridades, se trató de un golpe diseñado para exhibir poder, intimidar y reinstalar el dominio criminal en una zona donde Manzo había denunciado abiertamente el cobro de piso y la infiltración del narco en la industria del aguacate.
El ángulo oculto: el “R2” y el puente con la política
Las investigaciones también han apuntado a Eduardo Álvarez Ayala, “El R2”, hermano del R1 y figura clave dentro del mismo brazo operativo del CJNG.
Fuentes federales y de inteligencia señalan que R2 habría mantenido contactos y cercanía con personajes políticos de Michoacán, principalmente con operadores vinculados al exgobernador Leonel Godoy.
Este hallazgo no es menor: introduce la posibilidad de que viejas estructuras políticas hayan facilitado o tolerado el movimiento del CJNG en la región, especialmente en Uruapan.
Contexto histórico: la sombra de Godoy en Michoacán
El nombre de Leonel Godoy no es nuevo cuando se habla de crisis de seguridad en el estado. Su gobierno (2008–2012) coincidió con la expansión más agresiva de grupos criminales como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, organizaciones que dominaron la región aguacatera mediante violencia, extorsión y redes de protección.
Pero el episodio más grave fue la infiltración criminal en su entorno familiar:
Julio César Godoy Toscano, su medio hermano, fue acusado por la entonces PGR de mantener vínculos con “La Tuta”. Pese a tener orden de aprehensión, ingresó escondido a la Cámara de Diputados para tomar protesta y obtener fuero. Luego desapareció.
La administración de Godoy quedó marcada por estos hechos, y varios operadores políticos de su época mantuvieron influencia en municipios clave, entre ellos Uruapan.
Es este entramado —una mezcla de poder criminal y político consolidado desde hace más de una década— el que ahora es revisado por autoridades federales para determinar si R2 y su círculo recibieron tolerancia, cobertura o apoyo de viejas estructuras políticas.
Un caso que ya no es solo judicial
La ejecución del alcalde dejó de ser un expediente policial. Ahora es un caso de potencial colusión entre crimen organizado y figuras políticas con larga trayectoria en Michoacán.
Lo que viene
Mientras El Licenciado rinde declaraciones y se buscan capturas de mayor nivel, la gran pregunta es inevitable:
¿Hasta dónde llegará la investigación?
¿Solo a los operadores criminales, o también a los actores políticos que por acción u omisión permitieron este magnicidio?
La muerte de Carlos Manzo podría convertirse en el caso que exhiba, como nunca antes, la intersección entre el narco, el poder y la impunidad en Michoacán.
