Ciudad de México.— El Gobierno de México accedió a ceder espacios de despegue y aterrizaje (slots) a aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de semanas de presión diplomática ejercida desde Washington por las restricciones impuestas a las operaciones aéreas entre ambos países.
La decisión se da después de que Estados Unidos ordenara la cancelación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas como respuesta al traslado obligatorio de los vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), medida que fue interpretada por el gobierno norteamericano como una violación al acuerdo aéreo bilateral, al modificar de manera unilateral las condiciones previamente establecidas.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las empresas mexicanas aceptaron el acuerdo para evitar una escalada del conflicto y preservar su competitividad en el mercado estadounidense, principal destino internacional de las líneas aéreas nacionales. Como parte de la negociación, México se comprometió a abrir espacio para aerolíneas de Estados Unidos en el ya saturado AICM.
El Gobierno federal anunció también que a partir de 2026 se implementará un nuevo sistema digital para la gestión de slots, con el objetivo de transparentar la asignación de horarios y reducir la discrecionalidad en el uso de la infraestructura aeroportuaria. Esta medida se enmarca en el plan oficial de operar el AICM y el AIFA como un sistema aeroportuario metropolitano integrado, bajo la administración del grupo militar Olmeca-Maya-Mexica.
Pese a la inversión y el impulso político en torno al AIFA, aerolíneas estadounidenses han señalado problemas operativos, particularmente en materia aduanal, lo que ha limitado su confianza en esa terminal. En paralelo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó la cancelación de rutas de Aeroméxico y otras compañías desde el AIFA hacia ciudades como Houston y McAllen, así como la suspensión de varios vuelos adicionales, incrementando la presión sobre la administración mexicana.
La cesión de espacios en el principal aeropuerto del país tiene un evidente componente político: para la Casa Blanca, envía el mensaje de que no tolerará decisiones unilaterales que afecten a sus aerolíneas; para México, implica ajustar su política aeroportuaria justo en la terminal que el propio gobierno había calificado como saturada y en proceso de despresurización.
En el ámbito interno, la negociación reabre el debate sobre la soberanía regulatoria, el papel de las Fuerzas Armadas en la operación aeroportuaria y la viabilidad real del modelo de sistema metropolitano entre el AICM y el AIFA. Hacia el exterior, confirma que la relación aérea con Estados Unidos se ha convertido en un termómetro de la relación bilateral: cualquier movimiento en los cielos tiene repercusiones directas en la política y en la economía de ambos países.
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