Tulum, Quintana Roo.– En un mensaje directo contra la privatización de facto de las costas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que las playas públicas de Tulum tendrán acceso libre, gratuito y permanente, reafirmando que “las playas son un derecho y no un privilegio”.
Un anuncio con peso político
Durante un recorrido por el Parque del Jaguar, la mandataria estatal —acompañada de autoridades federales y locales— informó que se habilitarán al menos dos accesos públicos dentro del parque y otros dos en la zona hotelera, específicamente en Playa El Pueblo y Playa Conchitas. Estos puntos estarán abiertos los 365 días del año, sin distinción de nacionalidad ni cobro alguno.
Lezama detalló que el llamado “acceso tradicional”, reclamado por los habitantes de Tulum desde hace años, será completamente público. Asimismo, aclaró que la experiencia turística dentro del parque será opcional y tendrá costo únicamente para quienes deseen contratarla, sin afectar el derecho de libre ingreso a la playa.
Implicaciones para el estado
La decisión envía un mensaje contundente sobre la política costera de Quintana Roo:
- Derecho social reafirmado: Se reconoce el acceso a la playa como un derecho ciudadano, no como un beneficio condicionado por intereses privados.
- Contrapeso al modelo hotelero: La apertura de accesos confronta prácticas históricas donde, en la realidad, diversos complejos turísticos limitaban el paso.
- Coordinación entre niveles de gobierno: La medida se concretó con el respaldo de autoridades municipales, estatales y federales.
- Turismo con justicia social: El gobierno busca equilibrar el desarrollo turístico con el bienestar de la comunidad local.
- Retos para materializar la promesa
Aunque el anuncio marca un avance significativo, su implementación será clave:
- Garantizar que los accesos libres no se conviertan en rutas simbólicas obstruidas con tiempos, requisitos o prácticas disuasorias.
- Mantener infraestructura, vigilancia, señalización y limpieza para que el acceso sea seguro y funcional.
- Supervisar que ninguna empresa o particular imponga restricciones indirectas.
- Vigilar que el servicio turístico opcional dentro del parque no interfiera con el libre tránsito hacia la costa.
Conclusión
La administración estatal apuesta a una política de inclusión en uno de los destinos más codiciados del país. Si los accesos libres se mantienen reales y permanentes, Tulum podría convertirse en ejemplo nacional de cómo equilibrar turismo, derechos ciudadanos y desarrollo social.
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