La propuesta de Morena para reinstaurar la tenencia vehicular en todo el país encendió la indignación ciudadana y jurídica: el impuesto ya había sido declarado inconstitucional, y su regreso representa un claro retroceso en materia de derechos y justicia fiscal.
El planteamiento busca recaudar más de 70 mil millones de pesos anuales bajo el argumento de fortalecer la movilidad y la infraestructura, pero lo cierto es que millones de automovilistas volverían a cargar con un tributo que la propia Suprema Corte había considerado inequitativo y desproporcionado.
La tenencia, eliminada en gran parte del país hace más de una década, fue considerada un símbolo de abuso recaudatorio y desigualdad, pues castigaba a quienes contaban con un vehículo, sin importar su capacidad económica. Hoy, su posible regreso demuestra la falta de visión y sensibilidad del gobierno ante la ya pesada carga fiscal que enfrentan los ciudadanos.
Juristas y analistas advierten que reinstaurar un impuesto previamente invalidado no sólo vulnera el principio de seguridad jurídica, sino que podría abrir una nueva ola de amparos y litigios en todo el territorio nacional.
Detrás del discurso de “movilidad sustentable”, la propuesta revela una intención meramente recaudatoria. Más que fortalecer el desarrollo, la medida amenaza con debilitar la confianza en el sistema jurídico y reavivar viejas heridas en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
El regreso de la tenencia vehicular no sólo es un golpe al bolsillo: es un golpe al derecho.
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