En una jornada marcada por la rabia y el dolor, miles de ciudadanos abarrotaron las calles de Uruapan para despedir al alcalde Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el sábado durante un evento público del Festival de las Velas. El cortejo fúnebre se convirtió en un clamor colectivo por justicia y en una condena abierta contra la ineficiencia del Estado mexicano.
Familiares, amigos, simpatizantes y ciudadanos de distintos municipios caminaron entre flores, velas y pancartas que exigían respuestas. “¡Justicia para Manzo!”, se leía en las mantas que acompañaron la procesión desde la funeraria hasta el Panteón Municipal de San Juan, donde fue sepultado.
El ambiente se tornó tenso cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, intentó sumarse al funeral y fue increpado por los asistentes. Los gritos de “asesino” y “fuera” lo obligaron a retirarse del lugar, en un episodio que retrata el profundo hartazgo ciudadano ante la violencia y la impunidad.
El caso de Manzo no es un hecho aislado. Es el reflejo de un país donde la protección oficial se ha vuelto un trámite burocrático incapaz de garantizar la vida incluso a quienes representan a la comunidad. El alcalde había denunciado amenazas del crimen organizado y había cuestionado públicamente la falta de apoyo federal, sin que su voz fuera atendida.
Durante el recorrido, miles de velas iluminaron el paso del féretro mientras las campanas repicaban con solemnidad. El silencio solo se rompía con los gritos de justicia y el llanto contenido de quienes lo acompañaron hasta su última morada.
La multitud que despidió a Carlos Manzo no solo rindió homenaje a un líder, sino que lanzó un mensaje que retumba en todo el país: México está cansado de contar muertos y de gobiernos que reaccionan cuando ya es demasiado tarde.
