MÉXICO, D.F. (apro).- El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, ya delimitó la tarea que le encargó el presidente Enrique Peña Nieto.
En declaraciones radiofónicas, el exconsejero electoral aclaró que no investigará la compra de las casas del mandatario y su esposa, Angélica Rivera, ni la de su amigo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Su trabajo en ese sentido se limitará, dijo, a indagar los contratos de particulares con el gobierno federal.
“No se investigan las operaciones de las casas porque eso no le compete a la Secretaría de la Función Pública, pero lo que sí le compete es ver de qué manera esos particulares entraron a proceso de contrataciones y adjudicaciones, eso es lo que sí vamos a investigar”, puntualizó.
Pese a que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a Andrade investigar y resolver si hubo o no conflicto de intereses en los contratos otorgados a empresas que les vendieron inmuebles a “mi esposa, el titular de la Secretaría de Hacienda y un servidor”, el titular de la SFP subrayó que la compra en sí no es competencia de esa dependencia porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil.
Andrade precisó que no entrarán al detalle de cómo el titular de Hacienda adquirió una casa de campo en Malinalco, Estado de México, ni como Angélica Rivera compró una mansión en Bosques de las Lomas a Grupo Higa en 2012, ni tampoco la adquisición de una residencia por parte del presidente Enrique Peña Nieto a Constructora y Urbanizadora Ixtapan en 2005.
Incluso aclaró que ambas empresas constructoras, aunque hayan celebrado operaciones inmobiliarias con altos funcionarios del gobierno federal, no están impedidas legalmente para participar en la adjudicación de obras y procesos de licitación.
Conforme a sus atribuciones legales, la SFP sólo investigará el presunto conflicto de interés a través de la revisión de los contratos que le fueron asignados, sea mediante licitación pública o adjudicación directa, apuntó.
Y explicó que el conflicto de interés se conjuraría si en las asignaciones de obras a ambas empresas hubo inconsistencias.
“Estamos hablando de situaciones en que particulares han tenido operaciones con funcionarios públicos y después participaron en contratos del gobierno, eso no está prohibido, y lo que tenemos que ver es si se hizo conforme a la legalidad, es decir, si concursaron con todas las reglas puestas o si hubo algún tipo de situación diferente”.
El pasado martes 3, Peña Nieto instruyó a la SFP que iniciara una investigación sobre los contratos obtenidos durante la actual administración por Grupo Higa, así como la forma en que adquirieron sus residencias la primera dama y el secretario de Hacienda, amigo de Andrade.
En un mensaje a medios de comunicación pronunciado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario fue reiterativo en que, pese a la percepción, no existe “conflicto de intereses” en las operaciones particulares ni gubernamentales. También insistió en que, como presidente de la República, no suscribe contratos ni otorga adjudicaciones o participa en procesos licitatorios.
Como parte de la investigación anunciada, expuso que el nuevo titular de la SFP convocaría a expertos externos en materia de transparencia para garantizar la confiabilidad del procedimiento.
Hoy el titular de esa dependencia asegura que no tiene facultades para investigar las casas de los funcionarios, sino sólo las empresas.
