Veracruz vive otra jornada de terror. La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de la libertad luego de que hombres armados irrumpieran en su domicilio, en un hecho que vuelve a exhibir el clima de inseguridad, miedo y violencia contra la prensa bajo el gobierno de Rocío Nahle.
El caso no puede quedar reducido a una carpeta más ni a un comunicado de trámite. En el video difundido del secuestro, uno de los sujetos que participa en la irrupción habría dejado visibles rasgos físicos importantes: no se cubrió completamente la nariz ni las cejas, actuó con evidente nerviosismo y, además, portaba una chamarra con características similares a las utilizadas por una corporación de seguridad pública.
Ese dato debe investigarse de inmediato. No se trata de lanzar acusaciones sin prueba, sino de seguir líneas concretas de investigación: quiénes participaron, de dónde obtuvieron la ropa, si hubo posible uso indebido de indumentaria oficial y si existe alguna relación con estructuras criminales o con personas vinculadas a cuerpos de seguridad.
Roxana Guzmán no es una víctima aislada de la violencia. Desde 2017, tras el asesinato de su esposo, ha enfrentado un contexto de agresiones, criminalización y hostigamiento desde distintos frentes políticos y mediáticos. Su caso carga años de vulnerabilidad institucional y de exposición pública.
A ello se suma un dato que no puede ser ignorado: el pasado 28 de mayo, Roxana habría separado de su medio a dos colaboradores de nota policiaca, señalados por presuntos actos de corrupción y posibles vínculos con grupos criminales. Días antes también había publicado información relacionada con operativos de seguridad, tránsito y conflictos comunitarios y electorales.
Ahí hay posibles móviles. No para especular. Para investigar.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz, la FGR, la FEADLE y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas están obligados a actuar de forma inmediata, coordinada y real. No basta con abrir diligencias: deben localizar a Roxana con vida, proteger a su familia, preservar videos, rastrear vehículos, identificar a los agresores y agotar todas las líneas de investigación relacionadas con su labor periodística.
El caso también golpea directamente al gobierno de Rocío Nahle. La responsabilidad política por el clima de inseguridad en Veracruz recae en su administración. Cuando un comando armado puede irrumpir en la casa de una periodista y sacarla por la fuerza, el mensaje es brutal: el Estado no está garantizando seguridad ni siquiera en el espacio privado de las víctimas.
Veracruz se ha convertido en una zona de silencio, miedo y violencia contra la prensa. La autoridad no puede limitarse a administrar la tragedia después de cada agresión. Debe prevenir, proteger y responder con resultados, no con simulaciones.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas también queda bajo escrutinio. Durante años, periodistas veracruzanos han señalado deficiencias, falta de protección efectiva y prácticas de revictimización. Frente a un caso de esta gravedad, cualquier omisión sería imperdonable.
Roxana Guzmán debe aparecer con vida. Su familia debe ser resguardada. Los agresores deben ser plenamente identificados. Y quienes ordenaron o facilitaron este ataque deben ser procesados.
En Veracruz, la violencia ya no toca la puerta: la derriba. Y esta vez se llevó a una periodista.
