Poza Rica, Veracruz.— El crimen que exhibe la podredumbre del poder volvió a sacudir a Veracruz: sicarios grabaron en tiempo real el asesinato del periodista Carlos Castro, entrando armados a un restaurante familiar mientras comentaban con absoluta calma el momento del ataque. El video, difundido por los propios agresores, muestra a un grupo criminal operando sin prisa, sin temor y sin oposición, como si la plaza les perteneciera… y como si el Estado les hubiera cedido el paso.
Carlos Castro, reportero especializado en nota roja y director del medio Código Norte Veracruz, fue ejecutado dentro del restaurante TrogeBirria, propiedad de su familia. Los sicarios lo identifican, se coordinan desde el vehículo y anuncian su entrada: “Está adentro de los tacos, ya vamos a entrar”, segundos antes de irrumpir y matarlo a sangre fría. No se esconden, no huyen: actúan con la confianza de quien sabe que nadie los va a detener.
El asesinato, lejos de ser un hecho aislado, exhibe la impunidad estructural que se respira en el estado. Castro había enfrentado amenazas y estuvo bajo protección en 2024, pero la medida fue retirada por “procedimientos administrativos” y jamás fue restablecida pese a que el riesgo continuaba. La falta de acción dejó al periodista expuesto en una de las entidades con mayor letalidad contra la prensa.
A la tragedia se suma otro dato que hiela la sangre: tras su funeral, la pareja del periodista y una amiga desaparecieron. Un triple golpe que pinta un escenario de terror y demuestra que el crimen organizado no solo mata: borra huellas, desaparece voces y manda mensajes de control territorial.
La respuesta del gobierno estatal ha sido tibia, tardía y vacía. No hay detenciones, no hay indicios de una investigación sólida, no hay señales de un Estado capaz de hacer frente a grupos que operan a plena luz del día. Para la ciudadanía y el gremio periodístico, el mensaje es devastador: el crimen manda, el gobierno acata.
Organizaciones de periodistas han señalado que Veracruz vive una peligrosa mezcla de colusión, omisión y miedo, donde el poder político y las estructuras criminales parecen coexistir en una zona gris que cobra vidas y silencia comunidades enteras. El hecho de que los propios asesinos hayan grabado el crimen es, por sí mismo, una declaración: en Veracruz, el crimen se siente intocable.
La ejecución de Carlos Castro es un nuevo recordatorio de que la violencia contra la prensa no es solo un ataque a un individuo: es un ataque a la verdad, a la denuncia, al derecho de la sociedad a saber. Y mientras el gobierno estatal no rompa sus pactos tácitos y sus inercias de omisión, la línea entre autoridad y criminalidad seguirá difuminándose peligrosamente.
La justicia no puede ser opcional. La impunidad no puede seguir siendo norma. El asesinato de Castro exige respuestas, no discursos; acciones, no conferencias; Estado, no simulación.
