Cancún, Quintana Roo.— El caso de Héctor Alejandro Matey Espadas ya rebasó hace tiempo la frontera de un proceso penal ordinario. Lo que hoy está expuesto públicamente no es sólo una acusación por presunta extorsión o desvío de recursos: es un choque entre poder empresarial, disputa interna por el control de una de las navieras más influyentes del Caribe mexicano y un sistema de justicia señalado de operar bajo presión.
Ultramar salió a conferencia de prensa para fijar postura y exhibir su versión de los hechos. La empresa sostuvo que las investigaciones detectaron 1,769 operaciones sospechosas en fondos dirigidos a por lo menos 18 empresas, varias de ellas presuntamente “fantasma”, con domicilios fiscales en Mérida, Nuevo León y Coahuila. El mensaje fue directo: presentar a Matey como pieza central de un esquema financiero irregular con apariencia de saqueo corporativo.
Pero ese discurso empresarial no surgió de la nada. Desde antes ya existían versiones que colocaban al exadministrador de Ultramar en el centro de un presunto desfalco millonario. De acuerdo con información difundida previamente, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación en su contra por un posible desvío superior a 140 millones de pesos. La sospecha no se limita al dinero desaparecido: incluye compra de bienes a nombre de terceros, presuntas empresas fantasma y transferencias bancarias millonarias sin justificación aparente.
La dimensión del escándalo crece cuando se contrasta el patrimonio atribuido con el sueldo reportado. Pese a percibir, según esa versión, apenas 40 mil pesos mensuales, el exadministrador habría llevado una vida de lujo incompatible con esos ingresos: vehículos de alta gama, propiedades de alto valor y viajes internacionales. Entre los bienes mencionados aparecen una Cadillac Escalade, un Porsche Cayenne, un BMW Serie 7, además de inmuebles en Cancún y la Riviera Maya, incluyendo un departamento frente al mar en la zona hotelera y una residencia en Puerto Cancún.
Todo esto ocurre, además, en el contexto de la fractura interna de Ultramar tras la muerte de Germán Orozco Sarro en 2021. La disputa por el control de la empresa entre herederos y familiares abrió un vacío de poder que, según distintas versiones, habría facilitado maniobras financieras irregulares. Es decir: no se trata solamente de un posible fraude, sino de un conflicto empresarial donde el dinero, la sucesión y el control corporativo parecen haberse mezclado de forma explosiva.
Sin embargo, del otro lado la defensa de Matey lanzó una acusación todavía más grave: asegura que no está peleando sólo un proceso penal, sino enfrentando una maquinaria armada para servir a intereses del poder. Esa frase cambia por completo la lectura del expediente. Porque si eso es cierto, el caso no sería únicamente un asunto de contabilidad turbia o disputas patrimoniales, sino un ejemplo de cómo el aparato penal puede utilizarse como arma para aplastar al incómodo.
Los abogados del excontador sostienen que la Fiscalía de Quintana Roo actúa bajo presiones políticas y económicas. Afirman que a Matey no sólo se le acusa de extorsión y administración fraudulenta, sino que incluso se le habría fabricado una carpeta por narcomenudeo para endurecer su situación y mantenerlo preso. Si esa denuncia se comprobara, estaríamos frente a algo mucho más grave que un litigio empresarial: estaríamos frente a una presunta operación de Estado al servicio del dinero.
La defensa también denuncia condiciones indignas en el penal de Cancún: hacinamiento, suciedad, carencia de medicamentos y falta de atención médica. Asegura que Matey enfermó de infecciones no atendidas y que, aun cuando obtuvo arraigo domiciliario, fue sacado de su casa por elementos de la Marina durante la madrugada, llevado a un muro, fotografiado y luego devuelto al penal bajo la versión de un supuesto intento de fuga. Según sus abogados, existen videos y seguimiento de medios que documentarían irregularidades en ese operativo.
El expediente ya escaló además a una confrontación abierta con el sistema judicial local. La defensa dice haber promovido siete amparos, haber denunciado federalmente el presunto incumplimiento de suspensiones y haber señalado a jueces penales y de control por obstaculizar audiencias con pretextos administrativos. En términos políticos, la acusación es devastadora: no describen simples errores, describen un engranaje institucional que, según su dicho, estaría diseñado para negar justicia.
La familia de Matey insiste en otra pieza central del caso: que el excontador fue durante años un operador leal dentro de Ultramar y que todo se quebró cuando conoció información sobre posibles desvíos y pugnas internas por el control de la naviera. Según esta versión, intentó poner sobre la mesa irregularidades, pidió auditorías y terminó convertido en el objetivo perfecto. Su defensa incluso afirma haber presentado una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para que se investigue a la propia empresa por posible lavado de dinero.
Y ahí aparece el verdadero fondo político del expediente. No sólo se discute si hubo un desfalco o una extorsión. Se discute quién controla la narrativa, quién influye en la fiscalía, quién tiene ascendencia sobre jueces, quién puede empujar una prisión y quién puede convertir una guerra empresarial en una vendetta judicial.
Hoy hay dos relatos en choque frontal. Ultramar empuja la tesis del fraude, las empresas fantasma, las operaciones sospechosas y el saqueo millonario. La defensa responde con la tesis de la persecución, el abuso institucional, la fabricación penal y la protección a intereses empresariales. Entre ambas versiones queda una verdad incómoda: en Quintana Roo, cuando el poder económico entra en escena, la justicia deja de parecer ciega y empieza a parecer obediente.
Si la empresa tiene razón, el estado está frente a uno de los escándalos financieros más severos de los últimos años. Pero si la defensa logra acreditar siquiera una parte de lo que denuncia, el escándalo sería todavía peor: una justicia doblada para servir a quien tiene dinero, influencia y capacidad para apretar.
El caso Matey ya no es sólo el de un exempleado acusado ni el de una naviera tratando de blindarse. Es el retrato de una élite que pelea sus guerras internas mientras las instituciones quedan exhibidas como instrumentos de facción.
