La decisión del presidente Donald Trump de anunciar acciones directas contra el narcotráfico que opera desde México reabre un debate que en el país se ha querido esquivar con retórica: la soberanía como bandera política no sirve cuando amplias regiones están, de facto, bajo control criminal.
Trump no habló de hipótesis. Señaló una realidad incómoda: cárteles que gobiernan territorios completos, imponen reglas, cobran impuestos, controlan policías municipales y condicionan a autoridades locales. Ante esa parálisis —y en no pocos casos complicidad— de funcionarios mexicanos, la postura de Washington rompe con años de simulación diplomática.
Mientras en México se insiste en la “defensa de la soberanía”, en los hechos esa soberanía se diluye donde el Estado no manda. Municipios, carreteras y corredores estratégicos operan bajo órdenes del crimen organizado, con gobiernos rebasados o cooptados. En ese contexto, la exigencia de respeto absoluto a una soberanía que no se ejerce suena a consigna vacía.
La narrativa de Trump coloca presión donde duele: resultados. Para Estados Unidos, la crisis del fentanilo y la violencia transfronteriza no admiten más excusas. Su mensaje es claro: si el Estado mexicano no puede —o no quiere— recuperar el control, otros actuarán para proteger a sus ciudadanos.
Lejos de ser una provocación gratuita, la postura del mandatario estadounidense expone el costo de la inacción. La cooperación tradicional, basada en discursos y acuerdos tibios, fracasó frente a organizaciones que operan como poderes paralelos. El enfoque de fuerza responde a esa realidad, no a la diplomacia de salón.
México enfrenta así un espejo incómodo. Defender la soberanía exige ejercerla, no invocarla. Sin combate frontal a la corrupción, sin depuración de corporaciones y sin ruptura con pactos inconfesables, el argumento soberanista seguirá siendo eso: un discurso, mientras el narco gobierna en el terreno.
