La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) la información relativa al caso Pío López Obrador que esta le ha negado, con el argumento del secreto ministerial.
El INE ha solicitado en diversas ocasiones esta información, para continuar con las investigaciones relacionadas con el video en el que Pío, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, es exhibido recibiendo dinero de parte de David León, entonces operador del gobierno de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco. Esos recursos eran para apoyar a Morena, aunque el propio mandatario sostiene que no tenían un origen indebido sino que eran aportaciones ciudadanas.
“No es oponible el secreto ministerial para el INE en el ejercicio de sus funciones de fiscalización”, argumentó en la sesión el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, durante la discusión de dos proyectos elaborados por separado por sus pares Mónica Soto y José Luis Vargas, los cuales fueron rechazados por mayoría.
En consecuencia, en ambos casos se vinculó al agente del Ministerio Público a que proceda de acuerdo con la sentencia.
El magistrado Felipe Fuentes estimó indispensable fortalecer a los organismos electorales y a las instituciones en general, porque con ello, dijo, se combate a la corrupción y se observan los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
“La colaboración institucional no solo es una posibilidad, sino es un deber”, dijo. “La secrecía adquiere sentido cuando se opone, insistiría, solo a terceras personas que no tienen la función o la facultad de perseguir acciones antijurídicas”.
Sus argumentos fueron respaldados por los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez, en el sentido de que se debe entrar al análisis en el fondo del asunto y porque el INE tiene facultades de solicitar información y la FGR tiene obligación de entregarla.
Otálora dijo que el INE puede requerir la información que crea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en materia de fiscalización de recursos en contiendas políticas.
La magistrada Soto defendió su proyecto, al considerar que el INE carece de competencia para conocer el fondo del asunto, porque el acuerdo controvertido no es de naturaleza electoral, sino que pertenece al ámbito penal.
Vargas lamentó que su proyecto y el de Soto “choquen” y argumentó que la Unidad de Fiscalización del INE puede acceder al secreto bancario, fiscal y fiduciario, pero no así al ministerial.
“No podemos nosotros (la Sala Superior), a partir de una interpretación, otorgar esa competencia para que el INE, de manera, digamos, totalmente libre o abierta, pueda solicitar información ministerial”, dijo el magistrado electoral, aunque sus puntos fueron rechazados. Texto/ Fotos: Guadalupe Vallejo / Expansión Política / Foto: Internet
