El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, escaló del ámbito local al terreno de la presión política internacional. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que sostendrá un diálogo directo con el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, luego de que el legislador hiciera públicas gestiones ante autoridades de Estados Unidos relacionadas con el esclarecimiento del crimen.
Ramírez Bedolla aseguró que la investigación es prioritaria para su administración y que avanza sin descuidar otros procesos de procuración de justicia en la entidad. Sin embargo, el movimiento de Tafolla hacia instancias internacionales dejó al descubierto una desconfianza política de fondo: la percepción de que en Michoacán los crímenes de alto impacto rara vez se resuelven cuando tocan intereses del poder.
El mandatario estatal subrayó que el fiscal general, Carlos Torres Piña, mantiene comunicación permanente con la familia del alcalde asesinado, incluida su viuda y actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, así como con su hermano Juan Manzo. También afirmó que existe respaldo total del Gobierno Federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
No obstante, más allá de los comunicados oficiales, el caso abrió una caja de resonancia política que incomoda a Morena y a viejas élites del estado. En corrillos políticos y versiones que circulan fuera del discurso institucional, se presume que el narcopolítico denunciado sería el exgobernador Leonel Godoy. Su nombre, ligado históricamente a señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado, vuelve a aparecer en un contexto donde la exigencia social es clara: que las investigaciones no se queden en los eslabones más débiles.
La mención de Godoy no es un asunto menor. Representa el fantasma de la impunidad estructural que ha marcado a Michoacán durante años. Que un legislador busque apoyo y atención en Estados Unidos para un homicidio político habla de una crisis de credibilidad en las instituciones locales y de la sospecha de que ciertos nombres siguen siendo intocables.
Hoy el gobierno estatal enfrenta una prueba decisiva. No basta con prometer resultados ni con exhibir respaldos federales. Si la presunta acusación que ronda el caso apunta a figuras de alto nivel, la obligación es investigarlas sin simulación. De lo contrario, el crimen del alcalde de Uruapan se sumará a la larga lista de casos que confirman que en Michoacán la justicia sigue teniendo límites muy claros cuando se acerca al poder.
