La Suprema Corte mexicana rechazó este jueves la propuesta de la izquierda de convocar una consulta ciudadana sobre la Reforma Energética, la iniciativa estrella del presidente Enrique Peña Nieto, que abrió el nacionalizado sector petrolero a la iniciativa privada.
Con nueve votos a favor y uno en contra, los miembros del máximo tribunal consideraron que "es inconstitucional la materia de la consulta" propuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el partido Morena, del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, para la que dijeron haber reunido unos cuatro millones de firmas.
"Estamos frente a una de las materias que constitucionalmente han sido vedadas para una consulta popular" por afectar directamente los ingresos del Estado, argumentó en las discusiones Alberto Pérez Dayán, uno de los ministros de la corte.
Los magistrados sustentaron su decisión en el recién reformado artículo 35 de la Constitución mexicana que determina que, entre otros temas, no pueden ser objeto de consulta "los ingresos y gastos del Estado".
Tanto el PRD -segunda formación en las últimas elecciones presidenciales de 2012- como Morena se oponen radicalmente a la apertura de la industria del petróleo, un símbolo de la soberanía de México desde su nacionalización en 1938.
Y con el fin de derogar la reforma, promulgada en diciembre de 2013, empezaron a reunir firmas superando los 1,6 millones necesarias para impulsar un referendo.
La iniciativa de la izquierda preveía preguntar a los mexicanos en las elecciones regionales y municipales de 2015 si estaban de acuerdo con la reforma energética, la más importante y polémica de las legislaciones impulsadas por Peña Nieto.
"¡No nos vamos a dejar! ¡Defenderemos nuestros recursos ante la decisión de la Suprema Corte!", replicó en Twitter Carlos Navarrete, nuevo presidente del PRD, asegurando que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la "cerrazón" de la máxima instancia mexicana.
Martí Batres, promotor de la consulta por Morena, consideró que la resolución de la corte "evidencia que la corrupción ha llegado a los niveles más altos de la historia de México".
