CULIACÁN, Sinaloa.— En Sinaloa, donde durante décadas las fronteras entre poder político, grandes fortunas y narcotráfico han permanecido bajo constante escrutinio, una operación empresarial superior a los 2 mil millones de dólares inevitablemente despierta interrogantes.
SuKarne, el poderoso consorcio cárnico encabezado por el empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón, explora alternativas estratégicas que podrían incluir la venta de la compañía, justo cuando el caso de Ismael “El Mayo” Zambada vuelve a colocar bajo los reflectores nacionales las relaciones políticas y económicas construidas durante décadas en Sinaloa.
La operación, hasta ahora, no está concretada.
La compañía analiza distintas alternativas para su futuro corporativo y trascendió que trabaja con instituciones financieras internacionales en ese proceso. Sin embargo, no existe anuncio de comprador, contrato definitivo ni confirmación de que SuKarne vaya efectivamente a cambiar de propietarios.
Lo que sí existe es un contexto político imposible de ignorar.
VIZCARRA, ROCHA Y EL VUELO QUE DESATÓ LAS PREGUNTAS
Jesús Vizcarra no solamente es uno de los empresarios más importantes de Sinaloa. También tuvo una relevante trayectoria política y mantiene una relación pública de amistad con Rubén Rocha Moya.
Esa relación quedó bajo los reflectores nacionales después del 25 de julio de 2024, fecha de la captura de “El Mayo” Zambada en Estados Unidos.
Cuando surgieron cuestionamientos sobre la ausencia de Rocha Moya de Sinaloa durante aquellas horas cruciales, Vizcarra reconoció públicamente haber facilitado una aeronave al entonces gobernador para realizar un viaje fuera de la entidad.
El empresario explicó que lo hizo por amistad y rechazó cualquier relación con el narcotráfico.
El episodio adquirió mayor dimensión después de que Zambada asegurara que aquel 25 de julio había acudido a una reunión en la que, según su versión, participarían Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Rocha negó haber tenido conocimiento o participación en ese encuentro.
Vizcarra tampoco fue señalado por Zambada como participante de aquella supuesta reunión.
Pero la coincidencia temporal colocó inevitablemente al empresario y propietario de SuKarne dentro del entorno político sometido a escrutinio después de uno de los episodios más importantes en la historia reciente del Cártel de Sinaloa.
UNA HISTORIA QUE SACUDIÓ AL PODER EN SINALOA
La versión de “El Mayo” convirtió su captura en Estados Unidos en algo mucho más grande que un acontecimiento policial.
Zambada sostuvo que acudió a un encuentro destinado supuestamente a mediar en diferencias políticas relacionadas con Sinaloa, pero afirmó que terminó privado de su libertad y trasladado contra su voluntad hacia territorio estadounidense.
Héctor Melesio Cuén terminó muerto.
Zambada terminó bajo custodia estadounidense.
Y posteriormente Sinaloa entró en una violenta reconfiguración criminal que golpeó la seguridad, economía y estabilidad de la entidad.
El episodio abrió además una serie de interrogantes sobre las relaciones construidas durante décadas entre personajes políticos, empresarios y un entorno donde el Cártel de Sinaloa alcanzó dimensiones internacionales.
AHORA SUKARNE EXPLORA SU FUTURO
En medio de ese escenario aparece una noticia de enorme dimensión económica.
SuKarne, fundada en 1969 y convertida con los años en uno de los gigantes mexicanos de la industria cárnica, podría alcanzar una valoración superior a los 2 mil millones de dólares en una eventual operación.
La empresa participa en diferentes etapas de la producción, procesamiento y comercialización de carne y cuenta con una importante presencia dentro y fuera de México.
Por ello, cualquier cambio de control tendría repercusiones mucho más allá de Sinaloa.
Pero la cercanía temporal entre el nuevo escenario judicial de “El Mayo” y la exploración de alternativas para SuKarne inevitablemente provoca una pregunta:
¿Se trata exclusivamente de una decisión corporativa o existe algún otro factor detrás del momento elegido para explorar una operación de semejante dimensión?
Hasta ahora no existe evidencia pública que permita establecer una relación directa entre ambos acontecimientos.
LAS COINCIDENCIAS NO SON PRUEBAS
La dimensión política y criminal del caso obliga a mantener una frontera entre hechos, antecedentes y especulaciones.
Que Vizcarra mantenga amistad con Rocha Moya no demuestra ninguna relación criminal.
Que haya facilitado una aeronave utilizada por el político sinaloense alrededor de la fecha de la captura de Zambada tampoco acredita participación alguna en los acontecimientos que llevaron al histórico capo hasta Estados Unidos.
Y que SuKarne explore ahora alternativas que podrían incluir su venta tampoco demuestra que la decisión tenga relación con “El Mayo”.
Pero periodísticamente el contexto resulta relevante.
Los protagonistas y acontecimientos convergen alrededor de uno de los capítulos políticos y criminales más controvertidos de la historia reciente de Sinaloa.
El propio Jesús Vizcarra ha rechazado públicamente cualquier vínculo con el narcotráfico.
SINALOA, ENTRE EL DINERO, LA POLÍTICA Y EL NARCO
La eventual operación de SuKarne ocurre cuando Sinaloa continúa enfrentando las consecuencias de la reconfiguración del Cártel de Sinaloa.
La caída de uno de sus históricos dirigentes modificó equilibrios construidos durante décadas y profundizó una disputa criminal con consecuencias para prácticamente todos los sectores de la entidad.
En ese contexto, cualquier movimiento de gran escala dentro de la élite económica sinaloense adquiere inevitablemente una lectura política adicional.
SuKarne no es una empresa marginal. Es uno de los mayores emporios agroalimentarios construidos desde Sinaloa y Jesús Vizcarra es una de las figuras empresariales más conocidas del estado.
Por eso, una eventual operación superior a los 2 mil millones de dólares estará bajo la lupa.
La clave será conocer quién aparece como potencial comprador, cómo podría estructurarse una eventual transacción y, principalmente, si las conversaciones finalmente terminan en una venta.
Hasta entonces, la frontera debe permanecer clara.
Hay hechos comprobables, antecedentes políticos y coincidencias que justifican preguntas periodísticas.
Pero una acusación de vínculos con el narcotráfico exige pruebas.
Y en una historia donde convergen miles de millones de dólares, poder político y las consecuencias de la caída de uno de los mayores capos mexicanos, hacer esa distinción no disminuye la fuerza de las preguntas: las hace más difíciles de descalificar.
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