Ciudad de México.— La sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza a perfilarse como una controversia jurídica de alto nivel: Hugo Aguilar Ortiz reconoció que todavía no está definido el mecanismo mediante el cual será sustituido y confirmó que corresponderá al propio Pleno de la Corte resolver la tensión existente en el texto constitucional.
El debate coloca en el centro a Lenia Batres Guadarrama, quien, conforme a una lectura directa del artículo 94 de la Constitución, tendría una posición relevante para asumir la presidencia por haber obtenido la segunda mayor votación en la elección judicial.
Sin embargo, jurídicamente el relevo no está completamente despejado.
La reforma judicial estableció en el artículo 94 constitucional que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria, tomando como referencia el número de votos obtenidos por cada candidatura en la elección respectiva.
Bajo esa disposición, el resultado de las urnas constituye el parámetro constitucional para determinar la rotación en la presidencia del máximo tribunal.
El problema surge porque el artículo 97 conserva una disposición conforme a la cual el Pleno elige de entre sus integrantes a quien ocupe la presidencia de la Suprema Corte por un periodo de cuatro años.
Se trata, por tanto, de dos disposiciones constitucionales que establecen reglas distintas sobre un mismo aspecto institucional: el mecanismo para acceder a la presidencia y la duración del encargo.
Hugo Aguilar reconoció públicamente la existencia del problema y adelantó que llegará el momento en que la cuestión deberá ser sometida al Pleno.
“En su momento pondré al pleno el tema”, señaló, aunque precisó que la discusión no se desarrollará durante este año.
La declaración resulta jurídicamente relevante porque pone en duda que la sucesión esté automática y definitivamente resuelta en favor de Lenia Batres.
El asunto podría exigir un ejercicio de interpretación constitucional para armonizar ambos preceptos y determinar cuál debe regir el funcionamiento de la Suprema Corte surgida de la reforma judicial.
Desde una perspectiva jurídica, la discusión no es menor. Una interpretación podría privilegiar el artículo 94 por contener el modelo específico de presidencia rotatoria vinculado directamente con la elección popular de ministras y ministros. Otra tendría que determinar qué alcance conserva el artículo 97 y cómo puede armonizarse con el nuevo diseño constitucional.
La controversia también comienza a adquirir una dimensión política.
En este escenario, Yasmín Esquivel Mossa aparece posicionada como una posible alternativa frente a Lenia Batres. Sin embargo, cualquier escenario de sucesión dependerá primero de la interpretación que adopte el máximo tribunal respecto de las disposiciones constitucionales que regulan su presidencia.
Por ello, afirmar desde ahora que Lenia Batres será necesariamente la próxima presidenta de la Suprema Corte resulta prematuro.
La discusión tendrá consecuencias que van mucho más allá de los nombres de Lenia Batres, Yasmín Esquivel o Hugo Aguilar. Lo que deberá definirse es qué modelo de gobierno interno prevalecerá en la nueva Suprema Corte: la rotación determinada por el voto ciudadano o la elección de la presidencia por parte del Pleno.
La aparente contradicción constitucional podría convertirse así en una de las primeras grandes pruebas jurídicas e institucionales para la nueva integración de la Suprema Corte.
Deja tu comentario