San Luis Potosí— La violencia política volvió a golpear de forma brutal a San Luis Potosí tras el hallazgo sin vida de Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva, empresarios de Villa de Reyes y activos de Movimiento Ciudadano, quienes habían sido reportados como desaparecidos durante el fin de semana. Su asesinato confirma que la narcopolítica avanza sin freno en regiones donde el Estado simplemente dejó de gobernar.
Los cuerpos de ambos fueron localizados ejecutados en Pinos, Zacatecas, luego de una búsqueda plagada de retrasos, omisiones y contradicciones por parte de las autoridades de San Luis Potosí. Ortega Venegas, quien se perfilaba como aspirante a la alcaldía de Villa de Reyes, era considerado un liderazgo emergente dentro de MC para el proceso electoral de 2027. Luna Silva, también empresario reconocido en el municipio, representaba otro activo político y social relevante.
Este doble crimen no ocurre en el vacío: se suma a una escalada de violencia en la que candidatos, simpatizantes y operadores políticos han sido blanco de ataques en la zona centro del país. El mensaje es claro y brutal: la narcopolítica sigue dictando las reglas donde el gobierno ha renunciado a hacerlo.
La responsabilidad política recae directamente en el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, cuya administración ha mostrado una clara incapacidad —o falta de voluntad— para contener a los grupos criminales que operan con total libertad en el estado. Su discurso de “seguridad reforzada” contrasta con la realidad: ejecuciones, levantones, desapariciones y control territorial por parte del crimen organizado.
La gestión de Gallardo en materia de seguridad ha estado marcada por:
- Un incremento sostenido en homicidios dolosos.
- Zonas completas donde las corporaciones estatales prácticamente no ingresan.
- Un evidente desorden institucional entre fuerzas municipales, estatales y federales.
- Denuncias constantes de la ciudadanía sobre extorsiones, levantones y cobros de piso sin respuesta efectiva.
El asesinato de Ortega Venegas y Luna Silva constituye un golpe directo a la vida democrática del estado, pues elimina violentamente a ciudadanos que participaban activamente en la vida pública y que representaban opciones políticas distintas a los grupos tradicionales.
Movimiento Ciudadano enfrenta ahora no solo el asesinato de dos de sus activos más visibles en Villa de Reyes, sino un escenario donde cualquier aspirante corre riesgo real de ser silenciado a balazos. La democracia en San Luis Potosí no solo está amenazada: hoy está mutilada.
La sociedad potosina exige justicia, verdad y un cambio radical en la estrategia de seguridad. Sin embargo, mientras el gobierno estatal continúe administrando la violencia en lugar de combatirla, serán los ciudadanos —y la política misma— quienes sigan poniendo los muertos.
Deja tu comentario