La muerte del joven abogado Fernando Alan Cháidez, de 24 años, destapó la frustración acumulada de una sociedad que ya no tolera los “errores” de las Fuerzas Armadas. Lo que autoridades intentan reducir a un incidente aislado es, en realidad, la consecuencia directa de una política que coloca a soldados sin preparación en tareas civiles para las que no están capacitados.
El 13 de enero, Fernando conducía con su novia rumbo al gimnasio en Culiacán. No iba armado, no huía, no participaba en ningún enfrentamiento. Sin embargo, un convoy militar decidió abrir fuego contra ellos bajo el argumento de una supuesta confusión. La ráfaga alcanzó de lleno al joven abogado, provocándole la muerte, mientras su acompañante quedó gravemente herida.
La indignación fue inmediata. Cientos de personas salieron a marchar en la capital sinaloense exigiendo justicia y denunciando la violencia militar contra civiles. Las imágenes de la manifestación —familias enteras, estudiantes, colegas del joven y vecinos que nunca lo conocieron— reflejan un sentimiento común: hartazgo. Hartazgo de operativos improvisados, de protocolos inexistentes y de soldados que actúan sin criterio ni entrenamiento adecuado.
El caso de Fernando no es una excepción; es parte de un patrón. En años recientes se han documentado múltiples episodios donde civiles desarmados han sido abatidos por elementos castrenses que, lejos de exhibir profesionalismo, demuestran una preocupante falta de evaluación, disciplina y manejo de situaciones críticas. Sin formación policial, sin dominio del uso proporcional de la fuerza y sin supervisión real, el resultado es devastador: familias destruidas y comunidades enteras aterrorizadas por quienes tendrían que protegerlas.
Ante la presión pública, la Sedena responde con el guion de siempre: “ya se investiga”, “se seguirá el protocolo”, “se aclararán los hechos”. Pero tras cada frase se esconde el mismo vacío. Las investigaciones internas rara vez generan consecuencias reales y, cuando las hay, llegan tarde y mal. Mientras tanto, los militares continúan desplegados en todo el país, ejecutando tareas civiles sin capacitación jurídica, sin controles efectivos y sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
La muerte de Fernando Alan Cháidez deja al descubierto el costo de una militarización que avanza sin freno ni evaluación. Su caso no es solo una tragedia personal; es un llamado urgente a revisar el rol de las Fuerzas Armadas en México y poner fin a la normalización de la brutalidad institucional.
Porque mientras soldados sin preparación sigan decidiendo quién “parece sospechoso”, los civiles seguirán cayendo. Y con cada muerte, la distancia entre ciudadanía y autoridad se ensancha, alimentando un miedo que ningún país debería aceptar como normal.
