El Gobierno de Sinaloa destinó 17.6 millones de pesos a la compra de equipo de videovigilancia para sus carreteras mediante un contrato concedido a SGP Tech, empresa propiedad de Luz Daniela Segura Guzmán, relacionada con una sociedad señalada por autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con “Los Cuinis”, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El contrato fue otorgado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para adquirir cámaras y otros dispositivos destinados al monitoreo de las carreteras sinaloenses. La operación coloca bajo escrutinio los mecanismos utilizados por las autoridades para revisar los antecedentes de sus proveedores.
Segura Guzmán aparece como propietaria de SGP Tech y también como socia de Grupo Segtac, empresa que en 2017 fue identificada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una estructura presuntamente vinculada con “Los Cuinis”.
Grupo Segtac también fue señalado como administrador de Xaman Ha Center, centro comercial ubicado en la avenida Balam Kanché, manzana 30, lote 002, dentro del condominio Playacar Fase II, en Playa del Carmen, Quintana Roo.
El inmueble también fue incluido por las autoridades estadounidenses en sus acciones financieras contra bienes y empresas presuntamente relacionados con la organización criminal. Este antecedente amplía el alcance territorial de las operaciones atribuidas a la red empresarial y aumenta las interrogantes sobre las verificaciones realizadas antes de entregar el contrato en Sinaloa.
Los señalamientos del Departamento del Tesoro no constituyen, por sí mismos, una sentencia penal contra Segura Guzmán. Sin embargo, las relaciones societarias documentadas justifican una revisión exhaustiva de los controles de integridad, la identificación de beneficiarios finales y la evaluación patrimonial aplicada a SGP Tech.
El convenio por 17.6 millones de pesos fue formalizado durante el periodo en que Yeraldine Bonilla permanecía al frente del gobierno estatal. Hasta el momento no se ha difundido una explicación detallada sobre la evaluación practicada a la compañía ni sobre las razones por las que sus antecedentes corporativos no impidieron la contratación.
El caso adquiere una dimensión internacional porque los señalamientos proceden de autoridades financieras de Estados Unidos y se relacionan con una de las principales estructuras criminales que operan en México.
La contratación exige una aclaración puntual del Gobierno de Sinaloa: quién autorizó la operación, qué investigaciones de mercado se efectuaron, cuáles fueron los controles aplicados y si las autoridades conocían previamente los antecedentes de la propietaria de la empresa.
También deberá precisarse la relación corporativa entre SGP Tech y Grupo Segtac, así como la participación que esta última tuvo en la administración de Xaman Ha Center y la situación jurídica actual del inmueble localizado en Playa del Carmen.
La adquisición evidencia la necesidad de reforzar los filtros aplicados a las empresas participantes en proyectos de seguridad pública, especialmente cuando suministrarán tecnología sensible para vigilar carreteras y espacios estratégicos.
Hasta ahora, las autoridades estatales no han informado si revisarán el contrato, iniciarán una auditoría o solicitarán la intervención de sus órganos internos de control.
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