Veracruz.— La detención del periodista Rafael León, especializado en cobertura de nota roja, y su imputación por el delito de terrorismo, encendió las alertas a nivel nacional y obligó a un posicionamiento directo desde la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum fue tajante: pidió a la Fiscalía General del Estado explicar por qué se recurre a una figura penal extrema y atípica para un comunicador que ejercía su labor informativa.
“No sé por qué se usa el delito de terrorismo”, declaró la mandataria al referirse al caso, una frase que, por sí sola, desnuda la fragilidad jurídica del señalamiento y deja entrever un posible uso político del derecho penal para castigar coberturas incómodas. El señalamiento presidencial no es menor: el delito de terrorismo nunca ha sido aplicado en México contra periodistas por su trabajo informativo.
La Fiscalía de Veracruz sostiene que la detención no está relacionada con el ejercicio periodístico. Sin embargo, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, colegas y el propio entorno del comunicador advierten lo contrario: una criminalización directa de la nota roja, una de las expresiones más riesgosas del periodismo en el país.
El caso no ocurre en el vacío. Tiene similitudes evidentes con lo sucedido en Campeche, donde periodistas han enfrentado procesos judiciales considerados desproporcionados, con acusaciones penales que, más que buscar justicia, parecen diseñadas para intimidar, desgastar y enviar un mensaje claro: investigar y publicar tiene consecuencias.
En ambos estados se repite el patrón. Se judicializa la labor periodística, se recurre a tipos penales graves, se estigmatiza al comunicador y se deja en segundo plano el principio básico de una democracia: el derecho a informar y a ser informado. No es casualidad que estos casos emerjan en contextos de alta violencia y control político local.
La intervención de Sheinbaum abre una grieta en el discurso oficial de las fiscalías estatales y coloca el foco donde debe estar: en el abuso del aparato penal como herramienta de persecución política. Mientras se define la situación jurídica del periodista, el mensaje es claro y preocupante. En algunos estados, hacer periodismo sigue siendo tratado como una amenaza, no como un derecho.
