En una operación de gran impacto, el gobierno de Claudia Sheinbaum concretó la detención de 14 personas vinculadas a una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas, en lo que representa uno de los golpes más contundentes contra la corrupción en su administración.
Entre los detenidos se encuentran:
Seis miembros de la Marina, incluyendo a Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante y considerado el funcionario de más alto rango en ser arrestado durante el sexenio.
Tres empresarios.
Cinco funcionarios aduanales.
Las detenciones se dieron tras una investigación de dos años, coordinada entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El caso en detalle: modus operandi y alcance
La red empleaba documentación falsa para introducir hidrocarburos como diésel sin pagar los impuestos correspondientes —a ese mecanismo se le conoce como huachicol fiscal. Operaban especialmente mediante el puerto de Tampico, Tamaulipas, con un buque interceptado en marzo que transportaba 10 millones de litros de combustible de contrabando. También se vincula el caso con otro decomiso simultáneo en Ensenada, Baja California, de 8 millones de litros.
El operativo se extendió a cuatro entidades: Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y dejó al descubierto no solo los vínculos entre militares, funcionarios públicos y empresarios, sino también movimientos financieros sospechosos, como adquisiciones de bienes de lujo incompatibles con los perfiles de los involucrados.
Reacciones institucionales: defensa de la Marina y línea de mando
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, defendió a la institución naval argumentando que "el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta institución". El fiscal general Alejandro Gertz Manero también deslindó a la Secretaría de Marina, señalando que el almirante Rafael Ojeda Durán incluso colaboró con la investigación y pidió que se indagara a fondo, sin distinción familiar.
Contexto de política anticorrupción en el sexenio
La actual administración ha priorizado la lucha contra el robo de combustible. Desde julio, se habían decomisado más de 39 millones de litros, incluyendo 15 millones en Coahuila, además de otros operativos en Veracruz, Estado de México, Hidalgo y Querétaro.
A nivel institucional, en meses recientes se habían ordenado destituciones de funcionarios por irregularidades en licitaciones de medicamentos, reiterando la política de “cero tolerancia” a la corrupción. Sin embargo, casos persistentes como los relacionados con Pemex todavía representan un desafío para la confianza en las reformas del gobierno.
Reflexión final
Este operativo no solo refuerza la narrativa gubernamental de combate frontal a la corrupción, sino que también pone bajo la lupa la integridad de instituciones clave como la Marina. La detención de un vicealmirante es un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Pero para que el golpe sea duradero, se requiere seguir todas las líneas de investigación, asegurar la transparencia judicial y mantener la autonomía institucional.
