Se afilian 55 matrimonios gay al IMSS de Cancún

 En Cancún van 55 matrimonios gay afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A 18 meses que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara sentencia al Instituto para afiliar al régimen ordinario a matrimonios formados por personas del mismo sexo, la Comunidad Lésbico Gay de Quintana Roo sigue en lucha, ahora, porque el derecho se replique ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), comentó Edgar Mora Ucán, presidente de la asociación “Proyecto Coordinación Diversidad Sexual”.
En el Estado algunas parejas a partir de esta apertura se han casado, sobretodo en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, el precedente fue una pareja de mujeres que ganó un amparo para poder unirse en matrimonio en el municipio de Tulum.
De acuerdo con la asociación civil, el número poco a poco se va incrementando y tienen el registro de 55 parejas del mismo sexo que han obtenido el beneficio.
La Subdelegación del IMSS en Cancún informó que la determinación a nivel nacional fue ofrecer los mismos derechos a matrimonios de personas del mismo sexo a pesar de que su ley interna hace diferencias en razón de género, “debe entenderse que también protege a dichos matrimonios, lo cual respeta el principio por persona, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Matrimonios gay en México
A nivel nacional solamente en tres entidades se autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, Distrito Federal, Quintana Roo y Coahuila y están en proceso más de seis entidades.
El Consejo para Prevenir la Discriminación (Conapred), externó que la apertura del IMSS significa un avance para lograr una sociedad de derechos, informó que hasta el momento han registrado 10 casos relacionados que han recibido negativa de parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Mora Ucán expresó que la preferencia sexual de una persona derechohabiente, no representa una razón o motivo suficiente para que una autoridad la excluya, impida o niegue los derechos que el régimen de seguridad social otorga a los trabajadores o pensionados, así como a sus beneficiarios.