La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México avaló reservar hasta el 2025 la información sobre contratos y pagos de vacunas contra el COVID-19, aduciendo razones de seguridad nacional.
En específico de trata de los contratos firmados con las farmacéuticas Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino.
Se resolvieron 2 recursos de revisión en materia de seguridad nacional respecto de la clasificación de información contenida en los contratos y comprobantes de pago de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2
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En diciembre de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) anunció que había reservado esa información por cinco años, pero el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) bajó el plazo a dos años.
Sin embargo, la Suprema Corte lo volvió a aumentar a cinco años, el máximo que permite la ley y que se contarán a partir de diciembre de 2020, con lo que la información se mantendrá en reserva hasta el 2025.
En un comunicado, el Pleno de la Suprema Corte indicó que resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 y los comprobantes de pago respectivos.
En el primero de ellos resolvió que “la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”.
Por este motivo, el alto tribunal decidió que esta información “debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial)”.
En tanto, en el segundo recurso, “determinó que los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada por un periodo de 5 años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional por la misma razón precisada en el párrafo anterior”.
Sobre la resolución, el INAI sostuvo en un comunicado que “respetará las sentencias SCJN emitidas en los recursos de revisión” aunque recordó que “la apertura de información relacionada con la adquisición de vacunas, además de ser una obligación constitucional (…) es concordante con la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 10 de abril de 2020”.
Las autoridades sanitarias informaron que México acumula un total de 324 mil 611 fallecimientos y 5 millones 751 mil 579 casos confirmados de COVID-19.
Desde diciembre de 2020, según las autoridades, México ha aplicado 206.9 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, de Estados Unidos; la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino y Sinovac. Además de reportar 86.8 millones de personas vacunadas, de 126 millones que habitan en el país.
