El empresario Ricardo Salinas Pliego llevó su confrontación con el gobierno federal a la arena internacional al presentar una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que acusa de ser víctima de una persecución política orquestada desde el poder.
La queja sostiene que, bajo el argumento del cobro de adeudos fiscales, las autoridades habrían desplegado una estrategia de hostigamiento institucional que incluye auditorías reiteradas, presión judicial y una campaña de desgaste público para inhibir su libertad de expresión y su participación en el debate político nacional. Según el empresario, estas acciones rebasan la fiscalización ordinaria y configuran un uso político del aparato del Estado.
El conflicto tiene como telón de fondo litigios fiscales de larga data que suman decenas de miles de millones de pesos y que ya fueron resueltos en tribunales mexicanos. Tras agotar las instancias internas, Salinas Pliego optó por internacionalizar el caso, argumentando que no existen condiciones de imparcialidad suficientes en el ámbito nacional.
La denuncia fue presentada en Washington, donde el empresario sostuvo encuentros con representantes del sistema interamericano para exponer su versión de los hechos y advertir sobre lo que considera un patrón de intimidación contra voces críticas del gobierno.
En el plano político, el movimiento incrementa la tensión entre el sector empresarial confrontado con el poder y la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum, en un contexto de reacomodos y disputas por la narrativa pública. Aunque el procedimiento ante la CIDH suele ser largo y complejo, el solo anuncio coloca el tema en el radar internacional y añade presión política al debate interno.
Hasta el momento, el gobierno de México no ha fijado una postura oficial sobre la denuncia. El expediente queda abierto en el sistema interamericano, mientras la confrontación entre el empresario y el Estado entra en una nueva fase, ahora fuera de las fronteras nacionales.
