La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no será investigada por el caso de presunta corrupción de Petrobras pese a haber sido citada en una de las peticiones enviadas a la Corte Suprema de Justicia, se informó este viernes.
El procurador general de la República, Rodrigo Janot, dijo no tener competencia para investigar a la mandataria.
Si bien la procuraduría no puede investigar a la presidenta Rousseff por hechos que ocurrieron antes de su llegada al cargo máximo de la nación, al menos mientras dure su mandato, sí indagará la forma en que se financió la campaña del 2010 que la llevó al palacio de Planalto por primera vez.
Rousseff fue presidenta del directorio de Petrobras desde el 2003 al 2010, cuando ocurrió la mayor parte de los presuntos hechos de corrupción. Ella ha negado haber tenido conocimiento de la trama durante esos años y ha prometido respetar la independencia del sistema judicial.
La Corte Suprema de Brasil investigará a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y a otros 32 políticos en conexión al caso de sobornos por miles de millones de dólares en la petrolera estatal Petrobras.
El escándalo ha remecido a la clase política de Brasil y ha minado el respaldo de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue reelecta en una reñida votación el año pasado y lucha por evitar una recesión económica y una rebaja de la nota crediticia del país.
Un funcionario judicial dijo este viernes que 12 senadores y 22 diputados de cinco partidos serán investigados, 33 de ellos miembros de la coalición gobernante de Rousseff.
Los más destacados son el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos miembros del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más grande del país y el principal aliado de Rousseff en la coalición de Gobierno.
El Partido Progresista (PP) tiene 21 miembros bajo investigación, el PMDB seis y el partido de los trabajadores cinco, incluida la senadora Gleisi Hoffmann, jefa de gabinete de Rousseff durante su primer mandato. El tesorero del partido João Vaccari será investigado.
Sólo un político de la oposición, el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está incluido en la lista, que incluye al senador Fernando Collor de Mello, un ex presidente que renunció en 1992 para evitar un juicio político por corrupción.
Bajo la ley brasileña, los funcionarios elegidos solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema, la que ahora debe decidir con la ayuda de los fiscales si existen evidencias suficientes para someterlos a juicio.
La investigación podría tomar años. El mayor caso de corrupción política de Brasil hasta el momento, que involucra pagos mensuales a legisladores a cambio de respaldo al Partido de los Trabajadores de Rousseff en el Congreso, tardó siete años antes de ir a juicio en el 2012.
