A través de un operativo realizado en cuatro estados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró en Quintana Roo 41 animales silvestres, algunos de ellos catalogados en peligro de extinción y con esta cifra fue el estado con mayor aseguramiento de especies.
La Profepa comunicó que el aseguramiento se debió a la falta de comprobantes sobre la procedencia legal de los ejemplares.
El operativo se realizó a la par en Tabasco, Tlaxcala y Querétaro, aunque en estos estados solamente se trató de aseguramiento de 10 de aves.
En el caso de Quintana Roo, se trató de 30 iguanas verdes, cuatro monos ardilla, cuatro tucanes, dos cacatúas blancas y una guacamaya híbrida.
Las revisiones se realizaron en Predios o Instalaciones de Manejo de Vida Silvestre (Pimvs).
Especies amenazadas
La importancia de rescatar a estas especies, se debe a que son consideradas en peligro, amenazadas o en extinción, por legislaciones mexicanas e internacionales.
Las iguanas, por ejemplo, están dentro de la Norma Oficial Mexicana (NOM)-059, en la categoría “Sujeta a protección especial (Pr)”, además que está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites).
La Profepa identificó que los responsables no contaban los documentos que describen la procedencia de los animales, el sistema de marcaje para la identificación de cada uno de ellos y tampoco los informes anuales de actividades 2013-2014.
Sanciones al tráfico de especies
De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, las sanciones a quienes se encuentren realizando cualquier actividad con ejemplares de vida silvestre corresponden a una multa de 20 a 50 mil días de salario mínimo, además de arresto por 36 horas y el decomiso de los ejemplares.
La Profepa sugiere a los ciudadanos no involucrarse en este tipo de delitos, es decir, en la venta y compra de especies catalogadas dentro de la NOM-059, ya que en estos casos se aplican sanciones establecidas por el Código Penal Federal, las cuales indican que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y el equivalente de trescientos a tres mil días multa.
