Mérida, Yucatán. No es un rumor. Es una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su Delegación Estatal Yucatán que pide reabrir una investigación federal por presuntos delitos de alto impacto: operaciones con recursos de procedencia ilícita, encubrimiento, evasión fiscal, extorsión, delincuencia organizada, tráfico de personas y trata de personas.
El denunciante, a quien este medio identifica como J.C.H.H. para proteger su integridad, solicita que las indagatorias apunten contra Alberto Millar López, Heriberto Millar López y el exgobernador Roberto Borge Angulo, además de Claudia Romanillos Villanueva y Gina Patricia Ortiz Blanco, señaladas en la denuncia como piezas relevantes por el presunto uso de prestanombres y maniobras patrimoniales.
El expediente que estalla: cuando el dinero no cuadra, el caso se vuelve federal
La denuncia sostiene una línea que, si se documenta, cambia todo: patrimonio, propiedades, presunta presión mediática y supuesta protección política. No se trata —según el denunciante— de un episodio aislado, sino de una estructura sostenida donde el dinero, el control y la intimidación habrían convivido durante el periodo del borgismo y sus redes.
El “predio del Colosio”: la coordenada que no se puede esconder
El punto más concreto de la denuncia es un terreno con ubicación exacta en Cancún: Boulevard Luis Donaldo Colosio, Supermanzana 295, Manzana 19, lotes 02 y 04. El denunciante afirma que fue obtenido con recursos de procedencia ilícita y con respaldo político; lo valora en más de 400 millones de pesos y lo coloca como el símbolo patrimonial del caso.
En lenguaje simple: un predio con dirección precisa no se debate, se audita. Registro Público, tracto, notaría, contratos, precio real, forma de pago, beneficiarios finales, empresas y posibles prestanombres. Ahí la historia se confirma o se desmorona.
Medios como arma: presión pública y chantaje
La denuncia sostiene que los hermanos Millar López estarían vinculados a medios informativos locales que, según el denunciante, habrían sido utilizados no para informar, sino para presionar: atacar, exhibir y presuntamente extorsionar a personas y empresarios que no se alinearan.
El mecanismo descrito es el que más miedo genera en la vida pública: te golpean con publicaciones, te cercan con campañas, y luego aparece la “salida” para que baje el fuego. Si esa práctica existió, deja huellas: comunicaciones, intermediarios, entregas, depósitos y patrones editoriales que coinciden con cobros.
El “eslabón cubano”: quién es “El Chismoso” y qué se le atribuye en la denuncia
En su narrativa de vínculos criminales, la denuncia menciona a Daniel Jesús Sánchez, cubano de nacimiento, conocido por el alias “El Chismoso”. El documento lo coloca como un actor relevante dentro del entorno señalado y le atribuye, presuntamente, funciones operativas.
De manera expresa, la denuncia afirma que “El Chismoso” habría sido:
- Trabajador “encubierto” y voceador ligado al periódico señalado, como forma de inserción y cobertura.
- Miembro de un grupo delictivo que operaba en Quintana Roo, actuando con presunta “protección”.
- Operador para “trabajo sucio”, descrito por el denunciante como participación presunta en ejecuciones y desapariciones de personas.
- Presunto participante en robos y secuestros.
- Presunto operador en tráfico de personas cubanas y, en el señalamiento más grave, en un esquema de trata: retención de personas en “casas de seguridad” en Cancún, sin comida ni agua durante días, hasta su traslado posterior hacia Estados Unidos.
- Presunto participante en extorsiones a empresarios en Solidaridad y Cancún.
Todo lo anterior se reporta como imputación contenida en una denuncia. 
Isaías Capeline: el asesinato que la denuncia pone en el centro del huracán
La denuncia introduce un episodio que sigue siendo una herida abierta en Quintana Roo: el homicidio de Isaías Capeline y su escolta. Y lo hace con una afirmación de alto voltaje: sostiene que Capeline habría sido asesinado después de salir de la casa de Alberto Millar López, e incorpora referencias para sostener su dicho.
Ese señalamiento, por su gravedad, no se puede tratar como insinuación ligera. Si la FGR decide investigarlo, hay una ruta técnica directa para confirmarlo o descartarlo: videovigilancia, trayectorias, geolocalización, telefonía, bitácoras de acceso y testimonios. La pregunta es simple: ¿esa secuencia ocurrió o no?
Casas, efectivo y patrimonio: lo que la denuncia pide rastrear
La denuncia menciona propiedades en Cancún y Playa del Carmen y sugiere pagos en efectivo con recursos cuya procedencia —según el denunciante— no sería acorde con ingresos legítimos. El escrito pide que se investigue la congruencia fiscal, los movimientos financieros y la posible colusión de servidores públicos para ocultar operaciones y bienes, incluyendo inmuebles en el extranjero, particularmente en Miami, según el documento.
En la actualidad: el SAT también va por el patrimonio de Borge
Como dato complementario del contexto actual, trascendió que el Servicio de Administración Tributaria mantiene medidas de embargo sobre siete bienes vinculados a Roberto Borge Angulo por un adeudo fiscal millonario. El reporte refiere que, de esos bienes, al menos uno ya habría sido embargado: un departamento en Playa del Carmen, y que el resto se ubicaría en Cozumel y Chetumal. La cifra mencionada en ese seguimiento señala un adeudo de alrededor de 3 millones 897 mil 506 pesos, además de cargas fiscales asociadas.
El capítulo más oscuro: trata y tráfico de personas
La parte más grave de la denuncia acusa presunta trata y tráfico de personas cubanas: cobros de 5 mil dólares por persona, retención en casas de seguridad, condiciones degradantes y traslados hacia Estados Unidos. La denuncia plantea que esto debe investigarse como delincuencia organizada.
Ese señalamiento, no es un delito “más”: es una estructura con logística, dinero, casas, custodios, comunicaciones, rutas y posibles complicidades.
La bomba ya está sobre la mesa
La denuncia ya está presentada. Los nombres están escritos. Las direcciones están puestas. El denunciante pidió que se siga el dinero, se rastreen bienes, se investiguen posibles prestanombres y se abra investigación federal.
La pregunta, a estas alturas, no es si el caso es incómodo. La pregunta es si la autoridad va a investigarlo o lo va a congelar.
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