Las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa volvieron a estallar con violencia este jueves cuando manifestantes encapuchados derribaron la puerta principal del Campo Militar 1, ubicado en el Estado de México, utilizando un camión de mercancías y prendieron fuego al vehículo para exigir al Ejército la entrega de documentos clave del caso.
A un día del undécimo aniversario de la desaparición forzada (26 de septiembre de 2014), familiares y simpatizantes se congregaron desde el mediodía frente al complejo militar, demandando acceso a 800 folios de la Secretaría de la Defensa Nacional que contienen datos sobre el monitoreo castrense la noche de los hechos.
La operación se desarrolló en medio de tensión. Con embestidas en reversa, el camión logró derribar los portones en tres impactos. Al quedar atrapado, fue incendiado tras lanzar petardos contra el interior. A pesar de los daños materiales, no se reportaron heridos.
El reclamo central es la transparencia militar y judicial. Los manifestantes denuncian que, pese a las promesas recurrentes de cooperación del gobierno federal y el Ejército, los documentos exigidos – que podrían contener pistas decisivas sobre la presencia castrense en Iguala esa madrugada – siguen siendo retenidos.
Durante semanas previas, los padres de los desaparecidos habían señalado falta de avances en las nuevas líneas de investigación que encabeza la Fiscalía liderada por Mauricio Pazarán, y advirtieron que la omisión continuada alimentaría un desgaste político profundo para el Ejecutivo. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que ya se han entregado los expedientes que estaban en poder del Estado Mayor Presidencial, los familiares y altos mandos del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) cuestionan la integridad de lo entregado.
La acción en el Campo Militar 1 marca un punto de inflexión: no solo una exigencia histórica de verdad y justicia, sino un desafío que pone en el centro del debate nacional la responsabilidad institucional del Ejército mexicano y la promesa de que los poderes del Estado cooperen sin reserva.
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