La iniciativa busca sancionar con entre seis meses y 12 años de prisión, a todo aquel "maestro, curandero, brujo o gurú" que induzca a sus seguidores a realizar actos de "disposición patrimonial" en beneficio del líder espiritual
El Congreso de Quintana Roo inició la discusión de una reforma a su código penal estatal, para incluir en las definiciones del delito de fraude el lucro indebido y la explotación de “las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica y científica”.
La iniciativa de reforma, promovida por la diputada priista Susana Hurtado Vallejo –presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables del Congreso estatal–, busca sancionar con entre seis meses y 12 años de prisión, a todo aquel “maestro, curandero, brujo o gurú” que, por medio de engaños, induzca a a sus seguidores, ya sea de forma individual o grupal, a realizar actos de “disposición patrimonial” en beneficio del líder espiritual.
“Este problema social –señala la iniciativa– se ha convertido en un negocio próspero en todo el estado” de Quintana Roo, cuyo territorio antiguamente fue ocupado por la civilización Maya, y que en la actualidad posee distintas ofertas de servicios relacionados con la herencia y el conocimiento ancestral, así como con prácticas esotéricas.
Según la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, en Quintana Roo “ya es cotidiano ver anuncios en la televisión, la radio, el periódico, en volantes, medios electrónicos e, incluso, por recomendación directa, ofreciendo resolver problemas ajenos” mediante prácticas carentes de sustento científico.
Entre esas prácticas, la iniciativa señala a la santería, adivinación, sanación, cartomancia, quiromancia, onicomancia (adivinación por medio de las uñas), ornitomancia (predicciones a partir del vuelo de los pájaros), aeromancia (observación de las nubes), catoptromancia (adivinación con espejos), bibliomancia (método que toma páginas de libros al azar), piromancia (observación de una llama), radiestesia (basada en impulsos eléctricos o electromagnéticos), onomancia (predicciones a partir del nombre de una persona), alectomancia (observción los gallos) y nigromancia (invocación de espíritus), entre otras. Según el documento, todas ellas han proliferado “ante la situación socio-económica que vive el estado, donde la población siente pocas o nulas oportunidades de salir adelante, además de la afluencia de gente de otros estados, con sus propios usos y costumbres”.
Ante este escenario estatal, se abunda, Quintana Roo se ha convertido en “un campo fértil para el establecimiento de personas sin escrúpulos que explotan la necesidad y buena fe de la población, ofreciendo solucionar problemas mediante el uso de magia, hechizos y embrujos”.
Sin embargo, advierte la iniciativa, no se pretende “afectar la práctica de los usos y costumbres que acompañan, de modo ritualístico, el ejercicio de la medicina tradicional de las diversas culturas indígenas de México”, ni tampoco otras prácticas como la “medicina alternativa, homeopática, natura o herbolaria”, las cuales se encuentran reconocidas en la Ley General de Salud.
Por el contrario, la intención manifiesta de esta reforma es suprimir la impunidad que actualmente gozan “aquellas personas que se encuentran realizando acciones de manera dolosa, causando un daño a la economía de la gente que pertenece a los sectores más vulnerables”, dotando “a las autoridades que procuran y administran justicia la norma jurídica que les permita investigar y castigar a los responsables de estas conductas”.
