La tarde del jueves 21 de mayo, alrededor de las 16:00 horas, un grupo de sicarios irrumpió en la casa del ex funcionario priista Alfonso Isaac Gamboa Lozano. Lo mataron a él y a su familia. Estaban en una casa de descanso en un fraccionamiento de Temixco, Morelos.
Según las investigaciones, cuatro hombres encapuchados brincaron la barda de la domicilio desde un terreno baldío; dos de ellos portaban armas cortas y con estas dispararon a las víctimas a quemarropa. La mayor parte de los cuerpos quedaron en la zona de comedor del jardín.
Se trataba del exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, su madre (60) y tres de sus hermanos (44,43 y 37). Otros miembros de la familia se hallaban en la propiedad y no fueron tocados por los sicarios. Tras alcanzar su cometido, los cuatro implicados atravesaron el baldío y corrieron hacia un Renault Clío -placas NEB8548- que lo esperaba. El vehículo fue abandonado en el kilómetro 84 de la carretera México-Acapulco, pero procedía del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Según las autoridades, el modus operandi con el que se realizó el multihomicidio no corresponde con las modos del crimen organizado.
“Definitivamente, esto viene de otra esfera”, dijo a uno de los funcionarios cercanos a la investigación.
Alfonso Gamboa Lozano estaba implicado en una investigación de desvío de recursos por más de 250 millones de pesos para las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre 2012 y 2018, Gamboa Lozano fue el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario. Su jefe era Luis Videgaray, titular Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que, entre otras cosas, se encarga de formular las políticas de gasto público federal y controlar la dispersión de recursos a los estados.
A principios de 2018 se revelaron detalles de la llamada “Operación Safiro” (con "S"), que involucró el desvío de más de 650 millones de pesos de la Federación para las campañas del PRI. Según The New York Times y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, desde la Secretaría de Hacienda se diseñó un mecanismo para desviar dinero a 12 empresas fantasma, que luego se hizo llegar a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En enero de 2018 Gamboa Lozano fue señalado por testigos de la fiscalía de Chihuahua como uno de los artífices de esta operación: se le acusó de elaborar una estrategia para entregar el dinero sin dejar rastro y evitar que las transferencias fueran detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Sin embargo, los hallazgos de la investigación tuvieron consecuencias graves. El ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, terminó encarcelado por su presunta participación en el delito de peculado y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que la Secretaría de Hacienda había querido entregar al estado más de 700 millones para impedir que se continuará con las investigaciones.
El fiscal de Chihuahua, César Peniche, dijo que Gamboa Lozano se llevó a la tumba secretos y pruebas que habrían incriminado gravemente a políticos importantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluido entre ellos el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Su muerte aseguró impunidad para muchos personajes: ayudó en su causa a César Duarte, a Gutiérrez Gutiérrez, a Luis Videgaray, y al resto de políticos y burócratas de alto nivel que durante el sexenio pasado dispersaron recursos abundantes del contribuyente para financiar campañas políticas.
